Peligro de fuga de Martín Vizcarra

Martín Vizcarra podrá volver a viajar con total libertad por todo el Perú y sin rendirle cuentas a ninguna autoridad para ello, luego de acogerse a una nueva ley dictaminada por el Congreso, la N°. 32130. Todo ello, en medio del juicio oral que afronta el expresidente donde la fiscalía ha pedido 25 años de cárcel por haber recibidos coimas de 2.3 millones de soles revelados por varios colaboradores eficaces.

El juez de investigación preparatoria, Ubaldo Callo, dejó sin efecto la comparecencia con restricciones por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua, proceso que se encuentra en juicio oral.

Como se recuerda, hace 40 meses, el Poder Judicial (PJ) dictaminó la comparecencia con restricciones contra el exmandatario del Perú para asegurar que se mantengan las garantías del debido proceso.

Precisamente, este fue el argumento de la defensa de Martín Vizcarra, que pidió aplicar la ley número 32130, contrario a lo que exigía la Fiscalía por considerarla opuesta al numeral 4 del artículo 159 de la Constitución.

Sin embargo, el juez desestimó el pedido de los fiscales y favoreció con su dictamen al expresidente del Perú, quien ahora podrá volver a desplazarse con total libertad por todo el territorio nacional.

La ley N° 32130 crea la investigación preliminar, que se le asigna a la Policía, en vez de la Fiscalía, que ahora sólo tendrá un rol de asesoramiento, especialmente en dicha etapa de pesquisas.

A su vez, esta ley hizo que la ‘comparecencia con restricciones’ tenga los mismos plazos que la ‘prisión preventiva’; es decir, 9 meses en casos simples, 18 en complejos, y 36 para crimen organizado.

Hace unos días, el Poder Judicial ha aprobado un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa constructora Obras de Ingeniería S.A.C. (Obrainsa) en el marco del caso Lava Jato, con lo cual la comprometió a pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 81.8 millones. El arreglo de contribución judicial, homologado el 15 de noviembre por el juez Ubaldo Callo Deza, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, representa el cuarto de este tipo dentro del proceso Lava Jato.

La compañía reconoció su culpabilidad en actos de corrupción relacionados con 11 proyectos de infraestructura y se comprometió a proporcionar información valiosa para los procesos penales en curso. También admitió su participación en el denominado ‘Club de la Construcción’, donde manipuló concursos y licitaciones públicas para aparentar competencia. A esta reparación se sumarán los intereses legales que se pagarán en una cuota adicional.

“Este es el cuarto acuerdo con una empresa aprobado por la justicia peruana en el marco del mega proceso ‘Lava Jato’. Con ello, el Estado comenzará a cobrar la reparación civil de manera adelantada por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Club de la Construcción’, que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, al tiempo que los procesos se fortalecen”, destacó Silvana Carrión Ordinola, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato.


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