Andrés Choy, de la Asociación de Bodegueros del Perú, critica medidas ineficaces del Ejecutivo. Dialogaron con el Mininter, que busca ajustar estrategia
María, quien gestiona una bodega en San Juan de Lurigancho, enfrenta temores constantes debido a la inseguridad. Su negocio sustenta los gastos principales de su familia, ya que el padre de sus hijos carece de empleo estable. Sin embargo, cada noche contempla la posibilidad de cerrar.
Hace unas semanas, durante el estado de emergencia, experimentó un episodio de extorsión. Dos individuos se hicieron pasar por clientes y la amenazaron en la calle desierta. Le exigieron una gran cantidad de dinero alegando pertenecer al grupo delictivo «Tren de Aragua». Aunque no ha tenido noticias de ellos desde entonces, teme por la seguridad de sus seres queridos.
María no está sola en esta situación. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, el 60% de sus miembros ha sufrido extorsiones y el 20% ha enfrentado el cobro de cupos. El presidente de la asociación, Andrés Choy, afirmó que estos delitos han aumentado desde el inicio de la pandemia, con métodos más sofisticados.
«En comparación con años anteriores, la delincuencia ha incrementado su impacto en los últimos meses. Las bodegas son los blancos principales de estas actividades criminales. Muchos socios han tenido que cerrar sus negocios debido a la presión, y esto es cada vez más común», señaló el representante gremial.
«Hoy en día, no basta con dejar una bala como antes; ahora recurren a explosivos. Varios socios no solo han cerrado sus negocios, sino que han tenido que mudarse para proteger sus vidas y las de sus familias. Es importante destacar que la amenaza no va dirigida solo al local o negocio, sino a la familia en su conjunto. Muchas veces, las bodegas son emprendimientos familiares, lo que genera un gran temor», agregó.
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Ineficacia del estado de emergencia
El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú afirmó que el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince no ha tenido un impacto significativo en la lucha contra la ola de crímenes en su sector.
«Mantienen los mismos métodos delictivos en los distritos bajo estado de emergencia. No hay mejoras, la situación persiste e incluso se intensifica», declaró.
«Especialmente, se ha incrementado en las tiendas y bodegas de distritos cercanos. Parece que la estrategia no está funcionando según las expectativas del Gobierno. En las bodegas, el miedo y las amenazas persisten. La delincuencia no ha cedido. La situación parece inalterada», agregó.
Reclamo de los bodegueros
Los bodegueros demandan una reestructuración del estado de emergencia para priorizar el patrullaje en las calles en lugar de restringir el comercio y solo proteger las avenidas principales. Han dialogado con el Ministerio del Interior para resolver esta situación. En zonas de Lima Sur, la extorsión es más prevalente, mientras que en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres predominan los casos de extorsión.
La mayoría de bodegueros no denuncia por temor a represalias, ya que están en la mira de las mafias. Por lo tanto, necesitan cambiar la forma en que se comunican con las autoridades. Esperan que el Ministerio del Interior ajuste su estrategia contra la delincuencia. En Lima, las bodegas de Comas, Callao, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo también sufren el embate del crimen. A nivel nacional, Trujillo y Piura son las regiones más afectadas.
Antes, los robos en las tiendas eran comunes, pero ahora muchos bodegueros reportan el cierre de negocios en sus zonas. La extorsión implica sumas entre 10 mil y 20 mil soles, una cantidad difícil de obtener para las bodegas de ingresos limitados. Por eso, muchos optan por cerrar para proteger a sus familias. El cobro de cupos implica pagos regulares a desconocidos a cambio de supuesta protección, pero estos terminan siendo los principales victimarios.
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