Entre cancilleres de la región, propone Fernando Calle Hayen
Prestigioso jurista dice que el gran problema en el país es la impunidad.
Profesor universitario y exmagistrado del Tribunal Constitucional considera además que penas deben ser más severas, pues no estaríamos preparados para aplicar la pena de muerte, por los errores en los que se puede caer al sentenciar.
-Doctor, en relación a la violación y muerte de la niña Jimena en San Juan de Lurigancho, la población reclama la pena de muerte, ¿qué opina usted?
Con respecto a la monstruosidad cometida hacia la pequeña, mi total rechazo y, naturalmente, lo repruebo. Ahora bien, con relación a la pena de muerte, ¿cuántas veces venimos pidiendo la pena de muerte? Se entiende que es una persona sin escrúpulos, sin límites, para hacer esta atrocidad; y, efectivamente, siempre que sucede esto se pide la pena de muerte, ¿pero es la solución? Por otro lado, participamos en la “Marcha por la Justicia, Seguridad y Paz para los Niños y Niñas” y, anteriormente, hemos tenido también la marcha “Ni una menos”, donde participaron autoridades, figuras políticas, periodistas, entre otros; sin embargo, es importante que nos preguntemos, ¿cuántas violaciones más tuvo el Perú al día siguiente de la marcha? Y la pregunta más importante es ¿cuántas sanciones ha habido? Por eso insisto que el tema primordial es la impunidad.
Recuerde que hace un tiempo vengo planteando, y hoy cobra más vigencia, que todos juntos debemos realizar una gran marcha para exigir al Gobierno que suscriba el convenio con las Naciones Unidas, y de este modo, se instale en nuestro país la Comisión Internacional contra la Impunidad, como sucede en Guatemala y otros países. Sin embargo, percibo que cada vez que menciono esta propuesta se genera un malestar entre quienes mantienen eso que podríamos llamar “hipocresía política” en cuanto a la lucha contra la corrupción, y esto porque en los países en donde está instaurada esta Comisión se encuentran en prisión algunos dueños de medios de prensa, presidentes de repúblicas, ministros, empresarios, dirigentes políticos y hasta magistrados, todos ellos apresados debido a la lucha contra la impunidad.
En casi todos estos países donde se presentó el escándalo en relación a la corrupción en el caso Lava Jato, Odebrecht, casi las principales autoridades y empresarios involucrados están en prisión.
-Pero según la idiosincrasia peruana, ¿usted cree que resultaría viable la pena de muerte?
Ahora bien, si usted me pide una confesión personal, le diría que desde estudiante, ante estos hechos aborrecibles, siempre he creído en la pena de muerte; sin embargo, siempre he tenido, desde ese entonces, una duda que me acompaña hasta ahora la cual es: ¿qué pasa si es inocente? Y han habido antecedentes, por ejemplo, el caso, sonado en su época, de Jorge Villanueva Torres, apodado “monstruo de Armendáriz”, quien fue ejecutado por homicidio y violación en 1957; asimismo, otros casos similares en donde como seres humanos podemos fallar. Por eso, creo que lo que debe existir, generalizadamente, es la acumulación de penas y la cadena perpetua para que estas personas no eludan, bajo ningún punto de vista, pagar el daño irreparable, incomponible e irremediable, y de esta manera las víctimas sientan que existe justicia en nuestro país.
-Se colige que para usted no es conveniente la pena de muerte…
Le invito a analizar lo siguiente, si el criminal desaparece por la pena capital no va a poder pagar todos sus crímenes y tal vez merece que pase hasta el último día de su vida en prisión. Que cuesta al Estado, es cierto, pero que trabaje entonces. Hasta algunos años existía “La Colonia Penal Agrícola del Sepa”, cuya función era para presos políticos, creo que inaugurado por revolucionarios apristas, pero ya estamos en democracia. Ahora bien, me pueden decir que se pueden fugar de la selva, pero hay partes de la selva en donde si quieres escaparte tienes que pensarlo bien, porque estarás expuesto a animales salvajes y a otras cosas más que son muy peligrosas. No soy especialista penitenciario, pero tampoco soy ajeno, y creo que debería estudiarse eso.
Quiero recalcar esto, se debe ser es claro con los ciudadanos, no se les puede decir que vamos a aplicar la pena de muerte o proponer proyectos de ley cuando, primero, se tiene que modificar la Constitución, se tiene que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica.
-En la lucha contra la impunidad, ¿la pena de muerte es una opción? ¿Existió un antecedente en el Perú?
Interesante su pregunta. Escuché a las personas mencionar “por qué no aplicar la pena de muerte en los casos de corrupción que, por el daño causado a la Nación, podría hasta interpretarse como traición a la Patria”; pero creo que sería una decisión muy drástica. Y sigo pensando que como seres humanos hay la posibilidad de un error.
Al respecto, les quiero recordar que el libertador Simón Bolívar, antes de retirarse como protector, emitió un Decreto Supremo señalando lo siguiente: “se aplicará la pena de muerte a todo funcionario que tome o haga uso, en su beneficio, los dineros del Estado que son del pueblo” y tenía un articulado siguiente, muy interesante, que decía: “los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena”. Como se sabe este decreto fue suspendido y lo dejaron de lado en el Congreso Constituyente de 1823. Como verá, de haber seguido vigente, hubiéramos tenido la historia del país más honesto.
-Profesor, en relación a lo que está sucediendo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Perú, varias personas platean salirse de su competencia, ¿existe algún antecedente?
Un antecedente es cuando el presidente Fujimori nos retiró de la Corte IDH sin haberlo denunciado; todos podrán preguntarse, ¿qué pasó en esos años? Si quieren ver las consecuencias habría que analizar qué nos pasó en esos años, a nivel latinoamericano, con Estados Unidos que, curiosamente, es el país que le encanta exigir que usted cumpla con la Corte, que cumpla con las sentencias; sin embargo, Estados Unidos no cumple nada ni le interesa, tiene sus propios mecanismos.
Sobre este tema tengo una posición clara y es que debe nuestro país liderar una reunión de cancilleres de los países miembros de la OEA para efectos de llevar adelante algunas reformas necesarias a nuestro tiempo a la Convención de San José, su estatuto, así como a la propia CIDH.
-Con respecto a las limitaciones mencionadas, ¿usted cree que los países latinoamericanos que integran la Convención están satisfechos con el accionar de la Corte IDH y la CIDH?
Es triste que la Corte esté produciendo desafiliaciones y colisiones por una situación que lastima la autonomía jurisdiccional de los pueblos latinoamericanos. En el Perú se creía que el Tribunal Constitucional era una instancia más de la Suprema y no es así, nosotros teníamos nuestros propios mecanismos de interpretación constitucional; sin embargo, se recarga al TC con ese errado criterio.
Retomando la pregunta que me hizo, si había un antecedente, le respondí que el reciente es cuando el presidente el Fujimori nos retiró de la Corte IDH; posteriormente, habría que recordar que cuando ingresamos de nuevo, bajo la transición del presidente y amigo Valentín Paniagua, que en paz descanse, era el momento preciso y la coyuntura perfecta para retornar señalando reservas al respecto; sin embargo, no pusimos ninguna reserva; como sí lo tienen países hermanos como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, etc.
-Doctor, ¿la Corte IDH anteriormente cambió una decisión importante de nuestro ordenamiento jurídico?
No se olvide en el caso italiano, que cuando los jueces sin rostro por las brigadas rojas asesinaron al primer ministro Aldo Moro, el mundo aplaudió, y también la propia Corte de Estrasburgo; sin embargo, cuando nosotros, como país, instauramos jueces sin rostro contra el terrorismo y se condenó a cadena perpetua a todos o casi a todos la Corte de San José anuló los juicios y aquí mismo nos criticamos de cómo era posible; las cadenas perpetuas pasaron a 20 o 25 años. El pueblo se pregunta, ¿por qué salieron? Bueno, sería bueno que se averigüe y se informe al país qué vocales y qué jueces absolvieron o bajaron las condenas, sería bueno conocer la lista de jueces que anularon las cadenas perpetuas señaladas y que resolvieron a favor de estos terroristas. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en ese entonces, tuvo una salida inteligente para evitar un desfase. Entonces, como observa, este no es un tema reciente, existe la sensación que la Corte IDH limita el ejercicio jurisdiccional del Perú.
-Mencionó el tema de las reservas, ¿nos puede dar un ejemplo?
Tomando de nuevo el caso argentino, en sus leyes se establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco se considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causas de “utilidad pública” e “interés social”, ni lo que éstos entiendan por “indemnización justa”. Un ejemplo lo podemos ver en el caso denominado “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina” por la Corte IDH, en donde, el pasado 14 de febrero de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina emitió sentencia en los autos N° CSJ 368/1998 (34-M)/CS1 señalando que la Corte IDH se había extralimitado en su competencia al disponer, como medida de reparación, que se dejen sin efecto las sentencias civiles que había asignado. Lo que acabo de mencionar es una reserva que limita la jurisdicción de la Corte IDH; y, aun así, la Argentina sigue en la CADH.
IMPUNIDAD, EL PROBLEMA
“El problema es la impunidad, como ya hice referencia, pero también no olvidemos que existe, para estos casos, la cadena perpetua. Por eso es importante la responsabilidad de los jueces y la claridad que el legislador debe imponer en el Código Penal, para efectos que en la parte punitiva no haya ninguna diferencia y claridad en cuanto a los hechos punibles”.
