En clara alusión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha solicitado a los jueces del Perú a no aplicar la ley de amnistía, la presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que el Perú no admitirá injerencias externas en sus asuntos internos, reafirmando la defensa de la soberanía nacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

“El Perú como país demócrata que se rige por sus propias normas y defiende desde el Ejecutivo el estado de derecho”, manifestó la mandataria, destacando que su gobierno mantiene cooperación con instancias internacionales, pero “jamás agachando la cabeza”.

En su pronunciamiento, Boluarte subrayó que el país tiene el derecho de construir su propio camino institucional sin condicionamientos de organismos externos.

Recordó además que la historia nacional se ha cimentado en la lucha contra el terrorismo, la paz social y la consolidación de la democracia, principios que —remarcó— deben preservarse sin intromisiones.

El Ejecutivo recalcó también que el actual gobierno entregará el poder al presidente elegido en las urnas, conforme a los plazos establecidos en la Constitución. En esa línea, llamó a respetar los periodos institucionales de la Presidencia y el Congreso, asegurando que la transición se dará dentro del marco legal.

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue la condena a los remanentes de organizaciones terroristas y la defensa de quienes enfrentaron la violencia en décadas anteriores.

“No abandonaremos a nuestros defensores de la democracia porque la gratitud de la patria no tiene fecha de caducidad”, expresó. Asimismo, rechazó propuestas de amnistía o compensación para sentenciados por terrorismo, advirtiendo que ciertos grupos buscan reorganizarse para generar caos y polarización en la sociedad.

La jefa de Estado también cuestionó a sectores que, según dijo, promueven narrativas destinadas a debilitar al Estado mediante acusaciones sin sustento. Para el Ejecutivo, estas acciones persiguen instalar el desorden y la violencia con el fin de socavar la institucionalidad democrática.

“El Perú aprendió a vivir en paz, y no permitiremos que se repita el terror del pasado. La defensa de la democracia es una convicción nacida de la experiencia”, concluyó el pronunciamiento.

Asimismo, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el premier Eduardo Arana señaló que los jueces peruanos tienen autonomía para decidir si aplican o no la ley de amnistía. No obstante, cuestionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya ordenado a los magistrados abstenerse de ejecutar dicha norma.

 

TAMBIÉN EL CONGRESO

Horas más tarde, el presidente del Congreso de la República, José Jerí Oré (Somos Perú), se pronunció a favor de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras el reciente pronunciamiento sobre la Ley de Amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que combatieron el terrorismo entre 1980 y 2000.

Jerí Oré respaldó la intervención del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien indicó que el Perú evaluará su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asegurando que la Ley de Amnistía fue creada “según el principio de separación de poderes”.

El titular del Parlamento destacó que su gestión respaldará la aplicación de las normas aprobadas por el Congreso, incluyendo la Ley de Amnistía. Señaló que “de nada sirve aprobar leyes que finalmente una institución desconoce. Vamos a ejercer la defensa en los fueros correspondientes para que esta norma entre en vigor”.