Gracias a maniobras de presidente Castillo en el 2021 sólo se erradicará un 25% de lo planificado
Un informe anual de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca sobre el cultivo de coca y la producción potencial de cocaína en Perú, Colombia y Bolivia dejó cifras alarmantes. El reporte determinó que nuestro país se multiplicó la producción de la hoja de coca pasando de 50 mil (antes del 2019) a 88, 200 hectáreas en el 2020, todo un récord.
El mismo reporte ubica a Perú en segundo lugar sólo detrás de Colombia cuyos cultivos aumentaron a 245.000 hectáreas de plantación de hoja de coca, después de haber registrado 212.000 hectáreas en 2019. Asimismo, pasó de 936 a 1.010 toneladas de producción potencial de cocaína, según el reporte.
“Nunca antes Perú había producido tanta hoja de coca, y nunca antes desde el Gobierno peruano se había expresado tal defensa de un negocio ilegal que alimenta el narcotráfico. Perú Libre, el partido del presidente Pedro Castillo y primer grupo en el Congreso nacional, está elaborando un proyecto de ley en contra de la erradicación del cultivo de coca y a favor de ampliar la producción permitida para presunto uso tradicional, y que plantea expulsar del país a la DEA, la agencia estadounidense antinarcóticos”, publicó hace unos días ABC de España.
La iniciativa de legalizar la hoja de coca ha sido defendida por el nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, siguiendo las recomendaciones del expresidente Evo Morales, quien promovió una política semejante cuando alcanzó el poder en Bolivia. Con ello, Perú Libre busca apoyarse en el sector cocalero, también financieramente, como ha venido haciendo el MAS, el partido del ex gobernante boliviano.
CIFRAS PREOCUPANTES
El informe de la Casa Blanca es preocupantes, el Perú es el segundo país en origen de la cocaína consumida en el mundo, por detrás de Colombia y por delante de Bolivia, Perú dobló en 2020 la producción de hoja de coca que venía sosteniendo a lo largo de la última década.
Si durante varios años se movió en torno a las 50.000 hectáreas de cultivo, que permitían la elaboración potencial de alrededor de 400 toneladas de cocaína, en 2019 saltó a las 72.000 hectáreas y 649 toneladas, y en 2020 se alcanzaron 88.200 hectáreas y 810 toneladas, según las estimaciones de Estados Unidos, las cuales se dispararían exponencialmente en el 2021 con el relajamiento y suspensión de la erradicación de cultivos de hoja de coca en el VRAEM.
Según ABC, el notable incremento tiene que ver con el cese del programa oficial para la erradicación forzada de plantas de coca, cuya suspensión se debió a la emergencia de la pandemia de coronavirus. Los confinamientos y la concentración del gasto presupuestario en los paquetes de rescate económico dirigidos a particulares y empresas paralizaron buena parte de la actividad la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), que es el organismo encargado de diseñar y conducir la estrategia nacional de lucha contra los estupefacientes.
Ahora que Devida debiera reemprender esa actividad a gran escala, Perú Libre quiere impedirlo y además plantea una reforma de la propia comisión, a la que presiona impulsando una auditoría “interna y externa”.
También se advierte un intento de Perú Libre de copiar el modelo cocalero seguido por el MAS en Bolivia, como modo de ganar base social entre los sectores rurales dedicados a ese cultivo y asentar su financiación.
También se revela que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, ha sido abogado de Cerrón y Bellido y asesor en cuestiones cocaleras del congresista Guillermo Bermejo, uno de los miembros de la bancada de Perú Libre más cuestionados y quien lidera la propuesta relativa a los cultivos de coca.
MÁS PRODUCCIÓN LEGAL
Se sabe que Barranzuela acompañó a Bermejo a un encuentro en Cuzco con cocaleros días previos a su designación para el Gabinete. En ese acto, Bermejo animó a los productores a seguir con sus cultivos, sin prestarse a los programas de erradicación oficiales. También quiso convencerles de la prosperidad familiar que pueden alcanzar con una mayor industrialización del sector, convirtiendo la hoja de coca en diversos productos, como mates, caramelos o galletas.
De otro lado, el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Huallaga (Corah), el organismo dependiente del Ministerio del Interior que se dedica a la destrucción de los sembríos de hoja de coca, pudo acabar con 25.526 hectáreas en el 2019.
Sin embargo, en el 2020, los resultados fueron catastróficos. Solo pudo acabar con 6.272 hectáreas de cocales. Esto es, el 24,5% respecto al año anterior. En lo que va del 2021, las cifras no son mucho menos alentadoras.
El 22 de febrero de este año, el exministro del Interior José Elice aprobó el plan anual de reducción de los cultivos de hoja de coca. Se proyectó eliminar 25.000 hectáreas. En este plan estaba comprendido ejecutar operaciones en el Eje Operacional Mazamari y en el Eje Operacional Anapati, ambos en la región Junín, en áreas consideradas como parte del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Al llegar Pedro Castillo al gobierno, el plan original fue modificado por el exministro Juan Carrasco. De las 25.000 hectáreas se redujo a 6.000 para todo el 2021. El 21 de setiembre se reiniciaron las operaciones, pero esta vez no se tomó en cuenta el Eje Operacional Mazamari ni el Eje Operacional Anapati. Las áreas del Vraem quedaron fuera, pero prosiguieron las acciones en Aguaytía, Ucayali; San gabán, Puno; y en San Martín y Ucayali.
