Crea grupo para atender denuncias de trata y engaños

 

La situación de ciudadanos peruanos reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania generó una respuesta oficial del Estado peruano y expuso una cadena de denuncias de familiares que buscan información sobre sus seres queridos. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú detalló las acciones adoptadas frente a este escenario.

La Cancillería informó que el director general de Europa convocó al encargado de negocios de la Embajada rusa en Lima con el objetivo de abordar la situación de los connacionales involucrados.

Durante esa reunión, el Estado peruano entregó información concreta sobre ciudadanos identificados. “Se ha alcanzado al funcionario ruso una lista con los connacionales que la Cancillería tiene registrados para que las autoridades rusas nos brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud”, indica el documento.

La Cancillería también recordó el marco legal vigente. “Asimismo, se le comunicó formalmente que, conforme a la Constitución peruana, todo peruano debe solicitar una autorización previa al Ministerio de Relaciones Exteriores para servir en Fuerzas Armadas extranjeras”, se lee en el comunicado.

En el ámbito internacional, el gobierno instruyó acciones adicionales a su representación diplomática. “Se ha reiterado a nuestro embajador en Moscú redoblar el contacto con las autoridades rusas para abordar esta delicada problemática”, añade el texto oficial.

Asimismo, se informó que “se ha decidido crear un Grupo de Trabajo ad hoc para hacer seguimiento a las acciones de cada sector”, que incluye a Fiscalía, Ministerio del Interior, PNP, Ministerio de Defensa y Ministerio de Trabajo.

De otro lado, la División de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional realizó indagaciones en la sede de la Cancillería en el Centro de Lima. Dos agentes acudieron para recoger información.

Las investigaciones apuntan a la posible existencia de una organización que operaría desde el extranjero para reclutar a ciudadanos bajo falsas ofertas de trabajo. También se analiza la participación de intermediarios en distintos países.