Dicha ley impide a los sentenciados dirigir un partido político; ante ello, la banca de Vladimir Cerrón cuenta con votos suficientes para boquear la reforma del Parlamento.
El proyecto de ley interpuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual busca prohibir a los partidos políticos contar con fundadores y directivos con sentencias por delitos como corrupción, ha generado una respuesta crítica por parte de Perú Libre, el cual se ha unido a los ataques en contra de esta institución electoral.
Como se sabe, el secretario general de dicha agrupación, Vladimir Cerrón, lleva más de trescientos días prófugo, y tiene una sentencia por colusión en el Caso Aeródromo Wanka; «Detrás de todo hay la intención de proscribir al partido. La ley propuesta por el JNE está motivada porque quieren tener la conducta de un sector que no quiere que el partido participe en las elecciones del 2026. Todos los militantes sabemos que es con nombre propio, obviamente no estamos a favor. Detrás de ahí hay gente que quiere manipular«, indicó la parlamentario Kelly Potalatino.
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Tras ello, el vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, indicó también su rechazo y expresó que el «JNE se politiza y atenta a la democracia interviniendo en los partidos políticos. ¿Dónde queda su neutralidad?». A esto, también se sumó el militante preulibrista Richard Rojas, quien actualmente labora como jefe de prensa de la segunda vicepresidencia del Congreso, Waldemar Cerrón.
«Rechazamos la iniciativa del JNE de suspender partidos por mantener fundador sentenciados. Esta medida es un atentado contra la democracia y la participación política libre. La lucha contra la corrupción no debe ser excusa para debilitar la pluralidad«, precisó Rojas.
Como se recuerda, el pasado diecisiete de agosto, el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre, publicó un comunicado contra la iniciativa del JNE, manifestando que esta le asigna un poder a los jueces y fiscales, quienes decidirán quién puede ser candidato. Cabe señalar, que el proyecto de ley del JNE, suspende la participación del partido político en un proceso electoral en caso esta haya tenido conocimiento de que el fundador o directivo «estando en el ejercicio del cargo ha sido condenado por algunos de los delitos descritos«.
