La mayoría de peruanos consideran que la minería ilegal ha corrompido a autoridades y teme que financie campañas políticas, alertando sobre un riesgo para la democracia y la seguridad nacional.
Encuesta de Ipsos para País Seguro, publicada en Perú21, revela que la mayoría de peruanos ve influencia de la minería ilegal en la política. Según los datos recogidos hasta diciembre de 2024, el 81% cree que esta actividad ilícita afecta significativamente a congresistas y gobernadores regionales.
El 83% de los encuestados considera la minería ilegal como un delito, mientras que el 82% afirma que ha corrompido a autoridades políticas. Además, el 80% ve esta actividad como un grave problema para el país. Estas cifras coinciden con críticas a mecanismos como el Reinfo, que según expertos, protege a la minería informal disfrazada.
De cara a las elecciones de 2026, la preocupación aumenta, pues el 71% piensa que las campañas están financiadas con dinero de la minería ilegal. También, un 63% teme que el país pueda ser controlado políticamente por estas mafias.
Carlos Ponce, director de Reputación Corporativa de Ipsos, resaltó que estos resultados reflejan un consenso nacional importante, aunque admitió que en zonas donde la minería ilegal es más fuerte, la percepción puede variar. Para Ponce, reconocer la dimensión del problema es el primer paso para enfrentar la delincuencia relacionada con esta actividad.
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Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, destacó que la encuesta confirma la conciencia ciudadana sobre el impacto negativo de la minería ilegal en la seguridad y la estabilidad democrática. Además, señaló que esta actividad está ligada a otras formas de crimen organizado como extorsión, sicariato y lavado de activos.
Zevallos advirtió que en muchas regiones donde la minería ilegal es predominante, es común que dirigentes políticos estén vinculados a estas redes. Sin embargo, esta conciencia ciudadana abre la puerta para propuestas políticas que alejen al país de estas influencias.
Ponce agregó que, aunque la población no suele investigar los financiamientos políticos, la cobertura mediática y las investigaciones periodísticas pueden fortalecer la postura pública contra estas relaciones ilícitas. No obstante, algunos políticos podrían ignorar estas advertencias y continuar con financiamiento ilegal.
