Solo hace falta que MINEM reglamente Ley N° 32276, aseguran

 

La Ley de biocombustibles, que en estos momentos está durmiendo el sueño de los justos por culpa de Ricardo Villavicencio, actual director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles del Ministerio de Energia y Minas, podría impulsar que el cultivo de palma aceitera en Perú pase de 100 mil hectáreas a 500 mil hectáreas, en tan solo un año, aseguran los representantes del gremio Perú Palmas.

En el presente informe, Ledgard Arevalo dirigente de esa asociación de agricultores enfatizó en que Perú se encuentra ante una oportunidad histórica para transformar la lucha contra los cultivos ilícitos de coca en una política de desarrollo sostenible basada en energía limpia. “En el centro de esta estrategia está la palma aceitera, un cultivo que, con una legislación moderna y un mercado de biocombustibles activo, podría multiplicar por cinco su superficie actual en apenas un año, alcanzando las 500 000 hectáreas productivas”, dijo.

Como se sabe, hoy, el país cuenta con alrededor de 95 000 a 100 000 hectáreas sembradas de palma aceitera, concentradas en regiones como Ucayali, San Martín y Loreto. Estas zonas, marcadas durante décadas por la violencia y la economía ilegal de la hoja coca, han encontrado en la palma una alternativa estable y rentable. Según Arevalo, cerca de 30 000 hectáreas de hoja de coca ya fueron reemplazadas por palma, generando miles de empleos formales y contribuyendo a la recuperación de suelos degradados.

El atractivo de la palma aceitera no se limita a su rentabilidad. Se trata de un cultivo perenne, con una vida útil de hasta 30 años, que ofrece ingresos constantes a los agricultores y reduce la migración hacia nuevas zonas forestales. Cada mil hectáreas generan más de 5000 puestos de trabajo directos o indirectos, lo que convierte a la palma en un motor de desarrollo rural con impacto social inmediato.

Además, la Ley N.º 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles, y su modificación más reciente, aún pendiente de reglamento, busca precisamente impulsar este tipo de cultivos sostenibles para diversificar la matriz energética, promover el empleo formal y ofrecer un mercado alternativo frente a la economía ilegal. Con una reglamentación clara y un incentivo fiscal coherente, la expansión de la palma aceitera podría ser tan rápida como transformadora.

Por otro lado, según estudios del Ministerio de Agricultura y organismos internacionales estiman que el Perú posee hasta 1,4 millones de hectáreas aptas para el cultivo sostenible de palma. Alcanzar las 500 000 hectáreas no sería solo una meta agraria, sino una estrategia integral de seguridad y desarrollo.

Por eso, desde Perú Palmas, señalan que una nueva ley de biocombustibles bien estructurada con incentivos de crédito, estabilidad de precios para el biodiésel, y políticas de apoyo técnico a los pequeños productores, permitiría quintuplicar la producción actual de aceite vegetal y consolidar al país como un actor regional en biocombustibles. Ello significaría, además, reducir la dependencia del diésel fósil e incrementar el uso de energía limpia, con beneficios ambientales directos.

Sin embargo, el impulso a la palma aceitera no está exento de riesgos. Organizaciones ambientales han advertido que una expansión descontrolada podría derivar en deforestación si no se delimita con precisión el uso de suelos ya degradados o abandonados por la coca. En Ucayali, por ejemplo, se han identificado más de 260 000 hectáreas con potencial para la palma, pero sin catastro claro, parte de esas zonas podría superponerse con bosques primarios.

Por eso, los especialistas insisten en que el crecimiento debe venir acompañado de salvaguardas ambientales, certificaciones de sostenibilidad y mecanismos de trazabilidad del aceite. De esta manera, la palma podría consolidarse como un símbolo de reforestación y no de pérdida de selva.

El debate sobre la nueva ley de biocombustibles se ha reactivado en el Congreso. Los gremios del sector piden al Gobierno publicar cuanto antes el reglamento pendiente, que permitiría dinamizar las inversiones y activar un mercado interno de biodiésel hecho en el Perú. La propuesta es clara: promover la expansión controlada de la palma, garantizar la compra del producto por parte de las refinerías nacionales y otorgar créditos verdes a los agricultores.

Si el Estado articula bien esta política, el resultado podría ser histórico: convertir las antiguas zonas cocaleras en polos de energía limpia, empleo y estabilidad social.

La palma aceitera podría convertirse en la “nueva mina verde” del Perú. Una ley moderna de biocombustibles, centrada en la sostenibilidad y el desarrollo rural, permitiría reemplazar la economía ilegal de la coca por una industria agroenergética sólida, competitiva y ambientalmente responsable.