A través de un comunicado, los directores designados por la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú reveló la situación crítica por la que atraviesa la petrolera y solicitó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a aceptar su quiebra y/o liquidación con las obligaciones legales y financieras que podrían enfrentarse; si es que antes no decide continuar inyectando capital a la empresa.
Como se recuerda, el pasado 13 de mayo de 2024, la JGA emitió un escrito que revelaba la alarmante situación en la que se encuentra la empresa. A pesar de haberse publicado hace meses las recomendaciones para lograr ganancias de eficiencia y asegurar su autosostenibilidad, los directores señalaron que “aún no hay una respuesta concreta del gobierno”.
En esa línea, los ejecutivos de la Junta General han recalcado que es inmoral seguir solicitando más dinero al Estado sin comprometerse a realizar cambios profundos en la gestión de la empresa.
Así, en el comunicado, se identificaron tres razones principales que explican el estado actual de Petroperú: Injerencia política y sindical, Refinería de Talara (La construcción de la nueva Refinería de Talara (NRT) ha duplicado el presupuesto inicial y se enfrenta a un largo proceso de estabilización que podría impactar negativamente los estados financieros durante al menos dos años más) y sobreendeudamiento.
Dadas estas condiciones, los directores señalaron que el gobierno, como accionista del 100% de Petroperú, tiene tres opciones críticas que valorar:
Continuar inyectando capital sin cambios: Seguir dotando de fondos a la empresa sin exigir ni asegurar cambios organizacionales sustanciales, perpetuando el ciclo de ineficiencia.
Aceptar la quiebra o liquidación: Considerar la disolución de la empresa, enfrentando las potenciales obligaciones legales y financieras resultantes.
Reestructuración profunda: Optar por una reestructuración integral que goce de credibilidad, la cual requeriría una significativa inyección de capital por parte del gobierno.
Esta opción, señalaron, sin embargo, que implicaría riesgos institucionales que podrían interrumpir o revertir el plan, por lo cual debería ser respaldada por un sólido marco legal para garantizar su ejecución a futuro.
