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    Piden 18 meses de impedimento de salida del país para Yamila Osorio

    “Lava Jato” se pronunció contra exgobernadora de Arequipa

    El Equipo Especial Lava Jato solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para la exgobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

    El Poder Judicial analizará el pedido del Ministerio Público este viernes 20 de noviembre a partir de las 10 de la mañana mediante una sesión virtual.

    Como se recuerda, el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche investiga a Osorio por presuntamente haber recibido una coima a cambio de la concesión de la carretera Variante Uchumayo en 2015.

    DENUNCIAS

    Cuando estaba frente al Gobierno Regional de Arequipa (2015-2018), la Asociación Civil Solidaria Perú interpuso dos denuncias en su contra por supuestas responsabilidades penales en el caso Majes Siguas II y los Correcaminos del Sur.

    Osorio carga sobre la espalda sospechas de irregularidades en su gestión, que a la fecha el Ministerio Público está evaluando.

    El representante de Solidaria Perú, Arturo Salas, detalló que el 3 de junio de 2019, se interpuso la primera denuncia por colusión agravada, por su vinculación en el problema de la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II donde observaron un presunto favorecimiento a las empresas contratadas.

    El megaproyecto que busca dar agua a las Pampas de Majes hasta el momento tiene un futuro incierto.

    En ese entonces, el fiscal a cargo declaró la investigación compleja y la amplió por 180 días. En octubre de este año, Solidaría Perú adjunto mayor información esta vez que involucra al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres.

    El 25 de julio de ese año, Salas interpuso una nueva denuncia para que el Ministerio Público incluya a Osorio en las investigaciones preliminares en el caso los Correcaminos del Sur. Una organización criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas de minivanes informales que hacían rutas interprovinciales. El sustento de la asociación se basó en la declaración de 11 personas, entre testigos protegidos y colaboradores eficaces, quienes sindicaban a la exgobernadora como cabecilla de la red criminal.

    “Lava Jato” se pronunció contra exgobernadora de Arequipa

    El Equipo Especial Lava Jato solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para la exgobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.

    El Poder Judicial analizará el pedido del Ministerio Público este viernes 20 de noviembre a partir de las 10 de la mañana mediante una sesión virtual.

    Como se recuerda, el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche investiga a Osorio por presuntamente haber recibido una coima a cambio de la concesión de la carretera Variante Uchumayo en 2015.

    DENUNCIAS

    Cuando estaba frente al Gobierno Regional de Arequipa (2015-2018), la Asociación Civil Solidaria Perú interpuso dos denuncias en su contra por supuestas responsabilidades penales en el caso Majes Siguas II y los Correcaminos del Sur.

    Osorio carga sobre la espalda sospechas de irregularidades en su gestión, que a la fecha el Ministerio Público está evaluando.

    El representante de Solidaria Perú, Arturo Salas, detalló que el 3 de junio de 2019, se interpuso la primera denuncia por colusión agravada, por su vinculación en el problema de la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II donde observaron un presunto favorecimiento a las empresas contratadas.

    El megaproyecto que busca dar agua a las Pampas de Majes hasta el momento tiene un futuro incierto.

    En ese entonces, el fiscal a cargo declaró la investigación compleja y la amplió por 180 días. En octubre de este año, Solidaría Perú adjunto mayor información esta vez que involucra al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres.

    El 25 de julio de ese año, Salas interpuso una nueva denuncia para que el Ministerio Público incluya a Osorio en las investigaciones preliminares en el caso los Correcaminos del Sur. Una organización criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas de minivanes informales que hacían rutas interprovinciales. El sustento de la asociación se basó en la declaración de 11 personas, entre testigos protegidos y colaboradores eficaces, quienes sindicaban a la exgobernadora como cabecilla de la red criminal.

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