En Huancabamba no cumplieron con exigir cartas fianza
La Contraloría General de la República identificó en acciones de control posterior realizadas en la región Piura, la presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa de más de 145 funcionarios administrativas en entidades públicas en lo que va del año, que han significado perjuicios al tesoro público por más de 3 millones de soles.
Entre estas graves irregularidades, destaca el reconocimiento de la comisión de mayores metrados, que incluyó el cambio inconsulto del diseño en la construcción de un dique del río Piura (tramo II), lo que significó el incumplimiento del objetivo y finalidad de la obra, generando perjuicio económico de S/ 1 millón 647 mil 991.
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La inversión determinó presunta responsabilidad civil y administrativa de tres exfuncionarios del Gobierno Regional Piura, según el informe de Control Específico Nº 075-2024-2-5349-SCE.
En Huancabamba
En otra pesquisa de la Contraloría, en el distrito de Canchaque (Huancabamba), se identificó un perjuicio de más de un millón de soles en la obra de saneamiento en caseríos Pampa de las Minas y Agua Blanca, debido a que funcionarios de la municipalidad distrital favorecieron a contratista al no exigirle la presentación de carta fianza por garantía de fiel cumplimiento.
Además, aceptaron cartas fianzas por adelantos de cooperativa que se encontraba imposibilitada de otorgar avales y fianzas válidos. Por este caso se determinó la presunta responsabilidad de cinco funcionarios, de acuerdo con el informe de Control Específico N° 018-2024-2-0451-SCE.
En Paita
En tanto, en una tercera auditoría de Cumplimiento N° 017-2024-2-4047-AC se identificó la presunta responsabilidad civil y penal de cuatro funcionarios de Empresa de Servicio Público de Electricidad del Nor Oeste del Perú S.- ENOSA, por irregularidades en la obra de suministro, transporte, montaje, obras civiles, pruebas y puesta en servicio para la construcción de SET Paita industrial.
El perjuicio económico asciende a S/ 1 millón 177 mil 216.
También se determinó presunta responsabilidad de funcionarios en diferentes servicios realizados a entidades regionales, provinciales y distritales. Asimismo, se efectuaron servicios en la Universidad Nacional de Piura, Zona Registral N° 1 y EPS Grau.