El Poder Judicial admitió a trámite un hábeas corpus a favor del suboficial de la Policía Nacional (PNP), Luis Magallanes, investigado por el asesinato del manifestante Eduardo Ruiz Sáenz (‘Trvco’) durante una protesta antigubernamental.
El agente cumple una orden de detención preliminar por siete días tras el disparo que acabó con la vida de Ruiz Sáenz, quien había acudido a la manifestación del miércoles pasado en el centro de Lima.
La solicitud presentada por el Instituto de Defensa Legal Policial pide anular la resolución que ordenó el arresto de Magallanes a pedido de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, y exige su liberación inmediata.
La defensa fundamenta su requerimiento en que la medida aplicada contraviene la Ley 32181, una norma que restringe la detención y la prisión preventiva para efectivos policiales cuando actúan en cumplimiento de sus funciones o emplean su arma “bajo los parámetros reglamentarios”.
Esta legislación, promulgada en diciembre de 2024 por la expresidenta Dina Boluarte, también eliminó la detención preliminar en situaciones que no correspondan a flagrancia.
Jesús Poma, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal Policial, detalló en Canal N que la Ley 32181 pretende que el policía acusado afronte el proceso en libertad, sin que esto implique una “exculpación” automática.
Agregó que la eventual evaluación sobre si el agente actuó bajo los parámetros reglamentarios, o si incumplió protocolos, corresponde resolverse durante el proceso judicial. Además, recalcó que Magallanes, en condición de suboficial de tercera, “carece de medios para obstaculizar la investigación”.
El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Abel Centeno, ordenó la semana pasada la detención del suboficial Magallanes, actualmente hospitalizado, así como la de Omar Saavedra, ambos miembros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP.
Saavedra debe presentarse a todas las diligencias convocadas por la Fiscalía; y si incumple, el juzgado analizará su conducta procesal y podría ordenar su arresto.
