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    PJ de Lima Sur demora sentencia por estafa

    Pese a reiteradas quejas ante OCMA la causa sigue sin resolverse

    Un proceso judicial por presunta estafa, cuya sentencia viene siendo dilatada sospechosamente hace más de 4 años por el Poder Judicial de Lima Sur, donde el denunciado señor Ángel Melecio Salazar Gamarra empresario de transporte, no recibe sanción alguna y estaría usando su poder económico e influencias políticas para conseguir que la causa se siga dilatando, pese a las quejas continuas ante la OCMA.

    La agraviada Olinda Inga Sánchez reveló a LA RAZÓN que los jueces de Lima Sur, Elizabeth Cueto Llerena, Patricia Mesía Ramírez y Freddy Susanibar López, encargados del despacho especializado, estarían favoreciendo al denunciado Salazar Gamarra, -quien buscaría que el proceso judicial se siga postergando-, ya que está obligado a devolver una prestación cedida mediante contrato que desconoce, aludiendo que la justicia no actuará contra él.

    Por su parte, el abogado defensor de la agraviada indicó que desde el 25 de julio del 2019 ya se encuentran los autos mediante resolución N° 13 en el despacho para su sentencia pero que increíblemente la sala no se pronuncia. Un factor de sospecha es que el denunciado reside cerca del juzgado por lo que tendría acceso a los operadores de justicia que sospechosamente no operan.

    El letrado recordó que Ángel Salazar Gamarra y esposa Sandra Ccaccya Barrientos se aprovecharon de manera dolosa e intencional de la amistad y buena fe de la empresaria Olinda Inga Sánchez para mediante una sesión de posición contractual en virtud del cual la agraviada cedió un monto económico que tenía en el Fondo de Sistema Colectivos para adquirir un vehículo tráiler valorizado en 120 mil dólares.

    Es ahí que bajo la promesa de devolver el dinero en el plazo de dos meses Salazar Gamarra recibió la transferencia dineraria, pero sorpresivamente una vez que tiene el dinero adquiere el vehículo y opta por desconocer el contrato suscrito notarialmente y así burla repetidas veces los pedidos formales de la agraviada, en la necesidad de recuperar la prestación pecuniaria hasta la fecha.

    Pese a reiteradas quejas ante OCMA la causa sigue sin resolverse

    Un proceso judicial por presunta estafa, cuya sentencia viene siendo dilatada sospechosamente hace más de 4 años por el Poder Judicial de Lima Sur, donde el denunciado señor Ángel Melecio Salazar Gamarra empresario de transporte, no recibe sanción alguna y estaría usando su poder económico e influencias políticas para conseguir que la causa se siga dilatando, pese a las quejas continuas ante la OCMA.

    La agraviada Olinda Inga Sánchez reveló a LA RAZÓN que los jueces de Lima Sur, Elizabeth Cueto Llerena, Patricia Mesía Ramírez y Freddy Susanibar López, encargados del despacho especializado, estarían favoreciendo al denunciado Salazar Gamarra, -quien buscaría que el proceso judicial se siga postergando-, ya que está obligado a devolver una prestación cedida mediante contrato que desconoce, aludiendo que la justicia no actuará contra él.

    Por su parte, el abogado defensor de la agraviada indicó que desde el 25 de julio del 2019 ya se encuentran los autos mediante resolución N° 13 en el despacho para su sentencia pero que increíblemente la sala no se pronuncia. Un factor de sospecha es que el denunciado reside cerca del juzgado por lo que tendría acceso a los operadores de justicia que sospechosamente no operan.

    El letrado recordó que Ángel Salazar Gamarra y esposa Sandra Ccaccya Barrientos se aprovecharon de manera dolosa e intencional de la amistad y buena fe de la empresaria Olinda Inga Sánchez para mediante una sesión de posición contractual en virtud del cual la agraviada cedió un monto económico que tenía en el Fondo de Sistema Colectivos para adquirir un vehículo tráiler valorizado en 120 mil dólares.

    Es ahí que bajo la promesa de devolver el dinero en el plazo de dos meses Salazar Gamarra recibió la transferencia dineraria, pero sorpresivamente una vez que tiene el dinero adquiere el vehículo y opta por desconocer el contrato suscrito notarialmente y así burla repetidas veces los pedidos formales de la agraviada, en la necesidad de recuperar la prestación pecuniaria hasta la fecha.

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