El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió que el partido Renovación Popular continuará siendo investigado por los delitos de lavado de activos
Renovación Popular presentó un recurso que pedía la extinción de la acción penal en el proceso que se le sigue por lavado de activos en agravio del Estado. No obstante, la judicatura consideró que no se cumplen los presupuestos para dicho pedido.
Cabe recordar que el Ministerio Público acusa al partido liderado por Rafael López Aliaga de haber utilizado su estructura organizacional para recibir dinero proveniente de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, fondos que habrían sido destinados a la campaña presidencial de 2011 y a la municipal de 2014.
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La Fiscalía sostiene que el dinero recibido habría sido canalizado a través de varias personas investigadas, entre ellas José Luna Gálvez, el exregidor Martín Bustamante Castro, el exmiembro del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones Jorge Zegarra Lévano, el exfuncionario municipal José David Quispe Levano, y Julio Víctor Torres Romero, asesor del partido. La investigación continúa para determinar el alcance de estos presuntos actos ilícitos.
Renovación Popular quiso acogerse a la ley 32054, que aprobó el Congreso de la República el junio del año pasado. La modificación del artículo 105 del Código Penal exime a las organizaciones políticas de cualquier responsabilidad penal en los actos ilegales que hayan sido perpetrados por sus dirigentes y militantes, los que serán procesados de «manera individual» si es que se requiere.
¿En qué caso viene siendo investigado?
La defensa legal de Renovación Popular presentó la referida solicitud al amparo de la Ley 32054, la cual fue impulsada por el Congreso de la República y exime de responsabilidad penal a los partidos políticos, en su condición de personas jurídicas, en caso incurran en algún delito. De este modo, las organizaciones políticas no podrán ser disueltas por actos ilícitos atribuidos a sus integrantes, sino que estos deberán asumir su responsabilidad de manera individual.
En base a ello, el partido liderado por Rafael López Aliaga buscaba ser excluido del proceso que se le sigue por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales del entonces Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014. Las investigaciones fiscales apuntan a que dicha agrupación política buscaba darle apariencia de legalidad al dinero ilícito a través de la figura de aportes de campaña.
