28 de marzo de 2026

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PJ notificó formalmente sentencia contra Humala

Ollanta Humala defiende asilo de su esposa Nadine

El Poder Judicial informó, a través de sus redes sociales, que ayer notificó formalmente la sentencia contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros condenados por el delito de lavado de activos.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional resaltó que la notificación se hizo «cumpliendo los plazos procesales y considerando la complejidad del contenido».

Cabe indicar que, en la víspera, Humala Tasso, a través de su cuenta en X, indicó que había presentado «una queja funcional» contra el colegiado ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial debido a que, hasta esa fecha, no se le había notificado la sentencia, lo que, según indicó, le impedía apelar.

«También he pedido a la Autoridad de Control se realice un registro informático de las computadoras del Tribunal que me sentenció para saber hasta qué día y hasta qué hora se siguió corrigiendo dicha sentencia», agregó.

Por su parte, el último jueves, Wilfredo Pedraza, abogado del exmandatario, también hizo pública su queja respecto a la demora en la notificación de la sentencia.

«Se cumplen 17 días de la arbitraria detención judicial del expresidente Ollanta Humala Tasso. Hasta hoy a las 14 horas, aún no somos notificados con la sentencia escrita, por lo que desconocemos la integridad de sus fundamentos; y, más grave aún, estamos impedidos de apelar mientras no exista notificación escrita», sostuvo.

«El artículo 2, numeral 24, literal f) de nuestra Constitución, establece que nadie puede ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez. Se trata de un derecho fundamental que en este caso se viola de manera irreparable desde el 15 abril», agregó.

El pasado 29 de abril, las defensas del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia presentaron recursos de apelación a la condena de 15 años de prisión efectiva que se les impuso por el delito de lavado de activos, a raíz de los aportes irregulares que recibieron de Odebrecht y el Gobierno de Venezuela para las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

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