El Poder Judicial convocó para este miércoles 25 de junio, a las 11 y 30 a.m., a una audiencia presencial donde evaluará el pedido fiscal de 6 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua.

El requerimiento de cárcel provisional fue planteado por el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, quien le imputa a Vizcarra la supuesta comisión del delito de cohecho pasivo y pide 15 años de prisión efectiva en su contra.

Martín Vizcarra, como se recuerda, afronta un juicio oral por supuestamente haber recibido sobornos de empresas del ‘Club de la Construcción’ cuando era gobernador regional de Moquegua, a cambio de obras públicas.

Según la acusación de la Fiscalía, Vizcarra habría cobrado una coima de S/2,3 millones de las compañías Obrainsa e ICCGSA, por los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, respectivamente.

De otro lado, el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’ de Willax, señaló que Martín Vizcarra está buscando librarse de prisión, desbaratando la investigación que hay en su contra por la recepción de coimas en el proyecto Lomas de Ilo, cuando fue gobernador de Moquegua.

La defensa del ‘Lagarto’ ha presentado un informe pericial, desacreditando los informes de la Fiscalía y del consorcio Obrainsa-Astaldi.

En exclusivo, el programa hizo públicos los documentos y testigos que contradicen su versión sobre la licitación del proyecto Lomas de Ilo.

El abogado del expresidente vacado presentó ante el Poder Judicial unos comprobantes de pago de la empresa Obrainsa, correspondientes a cheques por S/ 400,000 y S/ 600,000, girados a nombre de Tobías Puerta Gutiérrez, el conserje de la empresa.

El informe también busca observar y desvirtuar los análisis previos realizados por el perito de Obrainsa, César Gonzales Ágreda, y el informe contable de la Fiscalía, elaborado por Liliana Sánchez Haro, que señalan que la aparente coima se registró contablemente como préstamo.

El peritaje concluye que los pagos se realizaron para cancelar deudas comerciales, y no como préstamos. Esto refuta las interpretaciones de los informes anteriores, señalando además la falta de sustento documental y contable en sus análisis.