Operación incluía matar a vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes
La Policía Federal de Brasil desmanteló una organización criminal, mayoritariamente compuesta por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, que planeaba el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar la toma de posesión luego de su victoria en las elecciones de 2022.
El plan, informado por la fuerza de seguridad, incluía el asesinato de su compañero de fórmula y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para “restringir el libre ejercicio del Poder Judicial”.
Moraes es el instructor del proceso que investiga los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.
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Las investigaciones de la Policía señalan que la operación ilícita dedicada al homicidio de Lula y Alckmin, llamada “Puñal verde y amarillo”, estaba pensada para ser ejecutada el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que la fórmula del Partido de los Trabajadores haya resultado electa por el 51% en las elecciones presidenciales.
El secretario general de la Presidencia, Márcio Macêdo, afirmó tras la difusión de la información policial, que “no va a haber tolerancia para aquellos que atentan contra el estado democrático de derecho” en una conversación con periodistas en el marco de la Cumbre del G20.
“Agentes de Estado que actúan contra la democracia es cosa de bandido, de delincuentes”, sentenció el funcionario.
Por su parte, el ministro de Comunicación del Gobierno brasileño, Paulo Pimenta, indicó a periodistas que el intento de atentado se trata de una “acción concreta” que no sucedió solo por una cuestión de “detalle”.
La ‘Operación Contragolpe’ lanzada por la Policía ayer incluye órdenes de prisión preventiva, de allanamiento e incautación y medidas cautelares distintas a la prisión, como la prohibición de salir del país.
Los involucrados podrían ser juzgados por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal.
