Boluarte suscribió contrató con 18 consultores con sueldos de hasta s/ 15 000
Un informe de la Contraloría General de la República reveló que el Despacho Presidencial suscribió contratos con 18 consultores FAG, quienes percibieron salarios entre ocho a quince mil soles, en los primeros cinco meses de este 2023. La lista de nombres son las siguientes: Juan Sánchez Galloso, Carmen Giordano Velásquez, Giovanna Díaz Revilla, Sandra Manrique Becerra, Liliana Marchena Reátegui y Franco Dávila Gálvez.
Además, se encuentra en la nómina: Joel Bolivia Revolledo, Teresa Velásquez Bracamonte, Rafael Porta De la Cruz, Víctor Ayasta Muro, Walter Iberos Guevara, María Pineda Ramírez, Carla Estela Nalvarte, Bryan Narvaez Carrasco, César Borda Gonzáles, Valeria Morales Becerra, Roxana Mayorga García y Francisco Gavidia Arrascue.
Según el documento siete consultores tienen sueldos de S/ 15 000; tres consultores ganan S/ 13 000; 1 consultor gana S/ 12 000; dos consultores reciben S/ 10 000; tres consultores se llevan S/ 9 000 y un consultor gana S/ 8 000.
El documento difundido por Infobae Perú accedió, detectó, además, que el Despacho Presidencial no habría registrado el detalle de los servicios que proveedores dieron entre el 1 de enero al 22 de mayo de este año. Esta acción debió haberse realizado hasta el 30 de junio de acuerdo a un cronograma que se cumple desde hace trece años.
La entidad fiscalizadora menciona que el 7 de julio envió un documento a la subsecretaría general de Palacio de Gobierno, a cargo de Antonio Ramos Bernaola desde el 24 de junio, para que le pueda remitir información sobre los servicios de los consultores del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) que ingresaron al sistema de registro para el control de contratos de consultoría en el Estado (SIRICC).
Hay que mencionar que la contratación de los consultores FAG por parte de Palacio ya estaba en la mira de la Contraloría en un informe anterior. En mayo se dio a conocer que la gestión de Boluarte Zegarra había contratado a 16 personas que fueron distribuidas entre las diferentes oficinas del Ejecutivo.
La entidad de control resaltó que la forma de selección de los proveedores ponía en riesgo los recursos del Estado y “conlleva a no detectar oportunamente la ocurrencia de fraude o falsedad en la información y/o en la documentación presentada, la ejecución de las actividades al margen de los términos de referencia, u otros eventos que resten contratación y el uso correcto de los fondos públicos”.
