Plantean al gobierno que Perú se retire de la CIDH

Por su evidente sesgo político que atenta contra intereses nacionales, señalan

Por su evidente sesgo político que atenta contra intereses nacionales, señalan

La bancada de Renovación Popular pidió al gobierno de Dina Boluarte que inicie con “urgencia” el procedimiento de denuncia de la Convención Americana así como el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“(Esto) ante los reiterados casos de pronunciamiento con evidente sesgo político en contra de los intereses nacionales y las verdaderas víctimas de violaciones de derechos humanos que ese organismo realiza desde hace años”, se lee en el documento firmado por el vocero de la bancada Jorge Montoya.

El grupo parlamentario considera que “el concepto de soberanía nacional, en materia jurisdiccional, no puede estar sometido al arbitrio de una entidad extranjera, como es la CIDH, cuyos miembros son inmunes y no están sujetos a cualquier tipo de fiscalización”.

Al respecto indicaron que estos son designados “mediante oscuros procedimientos manejados por las ONG de izquierda”.

En otro momento, también se señala que en los últimos años los fallos de la institución internacional “son más políticos que jurídicos”.

“Le corresponde al Congreso de la República apoyar las iniciativas de reforma y modernización de nuestro sistema de justicia, en cuyas instituciones radica el sustento de la autonomía e independencia jurisdiccional del Estado Peruano, respecto de cortes supranacionales que no favorecen el desarrollo y la prosperidad de los pueblos”, indica el documento.

La bancada de Renovación Popular señala también que la justicia peruana, con sus defectos, es capaz de actuar con autonomía jurisdiccional para solucionar los conflictos en el territorio nacional.

Sostienen que la desvinculación con la CIDH permitiría implementar cambios en el código penal como la penal de muerte en caso de delitos graves como sicariato, violación de menores y terrorismo.

Asimismo, se denuncia que la CIDH fue presuntamente parcial al abordar las denuncias sobre el terrorismo en el país.

“Desde que el Perú firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, el 27 de julio de 1977, y aceptó la competencia contenciosa de la CIDH el 21 de enero de 1981, los fallos de la referida Corte Supranacional contra el Estado peruano han demostrado parcialidad y desconexión con la brutalidad del terrorismo que afectó a nuestro país. Esa cuya violencia cobró la vida de miles de personas, ocasionando pobreza, daños a la economía y el desarrollo del país”, se destaca.


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