La legisladora Jhakeline Katy Ugarte Mamani, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, ha presentado una propuesta legislativa que contempla el traslado de internos con condenas por delitos graves a centros penitenciarios de máxima seguridad en El Salvador.

El proyecto de ley sugiere una colaboración directa entre ambos Estados para enviar a condenados por sicariato, homicidio calificado, extorsión y delitos similares, bajo estrictas condiciones legales.

Se trata de una acción que busca no solo descongestionar los recintos penitenciarios peruanos, sino también reducir los riesgos asociados a la permanencia de estos internos en establecimientos donde las condiciones de vigilancia son limitadas.

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa parlamentaria es la necesidad urgente de reducir el número de internos en las cárceles del país, muchas de las cuales operan por encima de su capacidad.

La propuesta plantea que, al trasladar a este tipo de internos a centros como el CECOT en El Salvador, se podría no solo mejorar el entorno penitenciario local, sino también disminuir la posibilidad de fugas, motines o redes criminales que operan desde el interior de los penales. El modelo salvadoreño es conocido por su política de máxima seguridad y estricto régimen disciplinario.

Una característica clave del proyecto es que el Perú mantendría su soberanía sobre las sentencias impuestas a los internos, incluso si cumplen sus condenas en territorio extranjero. Esto significa que el sistema judicial peruano seguirá teniendo la autoridad exclusiva para revisar los casos, modificar sentencias o conceder beneficios como amnistías, conmutaciones de pena o indultos.

El Salvador, en calidad de Estado receptor, estaría obligado a acatar estas decisiones conforme a sus leyes internas, adoptando las medidas necesarias para hacerlas efectivas. Esta cláusula busca garantizar que los derechos procesales de los condenados no se vean afectados por el traslado, así como mantener la competencia legal del Estado peruano sobre sus ciudadanos.

La supervisión y ejecución del eventual convenio internacional quedarían a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas entidades serían las responsables de definir los procedimientos, coordinar con sus pares salvadoreños y asegurar que las condiciones del traslado respeten las disposiciones legales y administrativas de ambas naciones.

El proyecto también señala que se requerirá la firma de un acuerdo específico entre los gobiernos, que será sometido a aprobación del Congreso peruano, conforme al artículo 56 de la Constitución. Este paso es obligatorio para todos los tratados internacionales que involucren aspectos sensibles como los derechos fundamentales y la soberanía nacional.

Según el texto presentado por la parlamentaria, esta iniciativa no supondría un incremento en el gasto público, ya que el financiamiento y la ejecución operativa del traslado se canalizarían a través de acuerdos internacionales preexistentes o mediante compromisos compartidos con el país receptor. La parlamentaria considera que esta alternativa permitiría al Estado ahorrar recursos frente al alto costo que representa mantener internos de alta peligrosidad bajo régimen especial.

La propuesta toma como referencia acuerdos similares ya suscritos por el Perú con naciones como Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica, donde también se contempla el traslado de personas privadas de libertad. Estos convenios han permitido la ejecución de penas bajo modalidades bilaterales, respetando siempre la competencia jurisdiccional del país de origen.

En ese marco, se resalta que existe un precedente legal y diplomático que podría facilitar la implementación del convenio con El Salvador. Además, se indica que esta cooperación podría contribuir a reforzar los lazos entre ambos Estados en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado y administración de justicia penal.

 

Mejor uso de fondos

El uso de infraestructura penitenciaria extranjera permitiría redirigir fondos hacia programas de rehabilitación, infraestructura básica y mejora de condiciones en los penales restantes del país. Con ello, se buscaría un modelo de gestión más eficiente y menos oneroso para el sistema nacional.