Se debe revisar técnicamente parámetros de aportes
La reciente promulgación de la Ley 32561, en marzo de 2026, ha reabierto el debate sobre la sostenibilidad técnica y el financiamiento de los regímenes previsionales de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).
La norma, que modifica el Decreto Legislativo 1133, establece que el personal que pase al retiro con 30 años o más de servicios percibirá una pensión equivalente al 100% de su remuneración consolidada.
Frente a los cuestionamientos del Consejo Fiscal, que alertó sobre un costo fiscal proyectado de 46,000 millones de soles basándose en un aporte del 42%, el congresista Jorge Montoya defendió la legitimidad de la ley, pero planteó la necesidad de reajustar los estudios actuariales para blindar legalmente el sistema.
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Montoya precisó que el impacto financiero advertido por los organismos técnicos no se dará de manera inmediata, ya que la ley beneficia a quienes ingresaron al servicio después del año 2010 y serán pensionables recién dentro de 30 años, al cumplir su tiempo de jubilación. No obstante, el legislador reconoció que las tasas de aportación actuales «tienen que reajustarse, no son los correctos», señalando que se legisló con «lo que existía sobre la mesa en ese momento» para frenar el desamparo de los efectivos y sus deudos.
El exjefe del Comando Conjunto realizó una retrospectiva histórica para explicar que la crisis de sostenibilidad no es responsabilidad de los pensionistas, sino de las sucesivas gestiones del Poder Ejecutivo que desatendieron las fórmulas técnicas.
El diseño original (1974): Al crearse la Caja de Pensiones Militar-Policial, se concibió como un sistema plenamente autofinanciado. Los estudios actuariales de la época determinaron que se requería un aporte del 27% de la remuneración, cubierto en partes iguales (50% el Estado y 50% el futuro pensionista).
La ruptura del equilibrio: La viabilidad del modelo se quebró cuando el entonces ministro de Economía, Javier Silva Ruete, emitió un dispositivo que redujo el descuento previsional de manera unilateral del 27% al 12%.
Montoya denunció que, desde 1975 hasta la fecha, ningún ministro de Economía ni presidente de la República se ha preocupado por solucionar de manera estructural este déficit, mostrando «oídos sordos» ante las constantes propuestas de las Fuerzas Armadas para mejorar el sistema de aportaciones.
