Se debe limpiar el aparato estatal de toda esta gente maliciosa, señala expremier Enernesto Álvarez

 

El expresidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez hizo referencia a los retos que enfrentará el próximo gobierno liderado por Keiko Fujimori y advirtió sobre la situación administrativa que heredará la nueva gestión. Al respecto, sugirió utilizar medidas drásticas para recuperar la idoneidad en el aparato estatal.

Álvarez enfatizó que el nuevo gobierno, siempre que cuente con consenso en el gabinete y respaldo parlamentario, debe aplicar una reestructuración profunda en aquellos ministerios y organismos públicos que han sido «copados de manera maliciosa o de manera poco técnica».

Como se sabe, desde hace varios años, el bloque caviar de nuestro país ha ido capturando las instituciones, a través del copamiento de cargos claves.

El extitular de la PCM reconoció que una medida de esta magnitud generará fricciones y probablemente terminará judicializándose hasta llegar al Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, fue enfático en señalar que corresponderá a la nueva administración darle el respaldo a sus abogados para defender en sede jurídica sus decisiones políticas.

«Al final de cuentas, el Estado es un instrumento para servir a los intereses de los ciudadanos, no es para que sirva a determinados grupos políticos o a determinados intereses económicos», dijo.

Más adelante, Álvarez fue consultado sobre la situación jurídica del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien ha decidido no jurar como senador electo para poder postular a la alcaldía de Lima.

Desde su perspectiva, la decisión de López Aliaga es «jurídicamente válida», argumentando que el mandato político en el Perú se asume y consolida con la juramentación, no con la sola proclamación de los resultados electorales.

Frente a la premisa de que la Constitución señala que el mandato parlamentario es «irrenunciable», el especialista dijo que no debe entenderse como un «corsé» a la voluntad del político o una obligación forzada.

Por el contrario, explicó que es una garantía protectora que históricamente se estableció para blindar al funcionario electo y evitar que sea amedrentado o presionado por poderes políticos o económicos para abandonar su escaño.

A pesar de respaldar la viabilidad legal de la maniobra, Álvarez advirtió que la decisión le traerá consecuencias políticas a López Aliaga, ya que es un «manejo que la población en su gran mayoría no va a entender y que va a ser utilizado en su contra en la campaña».