En una gran operación, se arrestó a 13 personas bajo investigación por receptación
En un operativo reciente contra grupos dedicados al comercio de teléfonos celulares robados, la Policía Nacional del Perú (PNP) confiscó hoy un total de 923 dispositivos en un gran despliegue llevado a cabo en un centro comercial de la cuadra 4 de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima.
Estos teléfonos de origen incierto fueron descubiertos en 42 puestos de venta que fueron intervenidos. Además, se encontraron seis laptops y 25 tabletas electrónicas que tenían programas destinados a manipular y cambiar el IMEI de los teléfonos celulares.
El general Iván Lizzetti, director de Seguridad del Estado de la PNP, anunció la detención de 13 individuos, incluyendo a una persona extranjera. Estas personas están bajo investigación por el presunto delito de receptación en relación al patrimonio.
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“Teñidos de sangre”
En este operativo masivo en Las Malvinas, que involucró a más de 400 agentes de diversas unidades de la PNP, se verificó que 22 de los celulares incautados estaban denunciados como robados.
Además, se descubrieron 715 teléfonos desmontados, vendidos por partes como accesorios, y otros dispositivos liberados y con el IMEI alterado, listos para ser usados nuevamente.
«Este centro comercial es conocido por el comercio de celulares robados, dispositivos que en algún momento han estado involucrados en incidentes graves», afirmó Lizzetti. «Hay muchas víctimas que han sufrido el robo de sus teléfonos y este lugar es donde se venden ilegalmente estos dispositivos».
Delito de receptación
La policía aconsejó a los ciudadanos evitar la compra de dispositivos de origen incierto, ya que podrían estar cometiendo el delito de receptación, castigado con penas de 2 a 4 años de prisión efectiva.
El director de Seguridad del Estado también hizo hincapié en que, conforme al Decreto Legislativo N°1578, las sanciones por el robo de celulares se han vuelto más severas. Los delincuentes responsables de este crimen podrían enfrentar sentencias de hasta 30 años de prisión efectiva.
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