Contraloría general de la República encontró que la PNP busca adquirir 56 vehículos de empresas extranjeras sin cumplir requisitos
La transparencia del proceso de adquisición de la Policía Nacional del Perú (PNP) está nuevamente bajo escrutinio, según un informe reciente de la Contraloría General de la República. El informe revela que la institución recibió ofertas de empresas extranjeras para la compra de vehículos multipropósito (tanquetas), pero con algunas deficiencias.
De acuerdo con el informe de control concurrente N° 006-2024-OCI/0282-SCC, realizado del 19 al 29 de enero de este año, la PNP tiene como objetivo adquirir 56 tanquetas con el fin de mejorar la capacidad operativa de las unidades encargadas de controlar multitudes y disturbios civiles en todo el país. Para este fin, se ha previsto un desembolso de S/ 199,019,897.14.
Por lo tanto, se optó por la modalidad de contratación de Estado a Estado. En consecuencia, se presentaron como oferentes las empresas Armor International S.A. (Colombia), Streit Group FZ-LLC (Emiratos Árabes Unidos), Daeji Precision & Industries Co. Ltd (República de Corea), Plasan Sasa Ltd y Gaia Behri Ltd (Israel).
En la actualidad, el comité de selección de la PNP se encuentra en la fase de selección del Estado extranjero para iniciar las negociaciones sobre las tanquetas. Actualmente, se están evaluando las propuestas de cada uno. Sin embargo, la entidad fiscalizadora ha identificado una carencia en las especificaciones técnicas del software necesario para el uso policial de estos vehículos.
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En efecto, la Policía Nacional del Perú no ha proporcionado información detallada sobre el tipo de licencia ni la duración requerida para el software necesario destinado al funcionamiento de las cámaras, la transmisión de imágenes y el acceso remoto que cada tanqueta debe poseer. Este software es esencial para registrar incidentes y realizar monitoreo durante el uso de las tanquetas en protestas.
“La ausencia de especificaciones técnicas en cuanto al tipo y duración del licenciamiento del software, se mantienen en la actual etapa de selección del Estado extranjero para el inicio de las negociaciones, limitando que las mejoras técnicas a proponerse por los Estados o empresas extranjeras no logren perfeccionar características técnicas del equipamiento tecnológico, toda vez que al no exigirse precisiones en cuanto al licenciamiento del software requerido, las mejoras a proponerse podrían no incluir cambios destinados a obtener resultados superiores”, se lee en el documento.
Debido a esta falta de claridad por parte de la PNP, la Contraloría señala que ninguna de las empresas extranjeras presentó mejoras técnicas en cuanto a la duración del licenciamiento del software destinado a ser utilizado en las tanquetas para el control de disturbios. Únicamente la empresa israelí Plasan Sasa Ltd manifestó su intención de proporcionar el nombre del desarrollador y el software, que son «Genetec inc» y «Genetec Security Center«.
En relación a este tema, el Órgano de Control Institucional (OCI) solicitó a la Comandancia General y a la Oficina de Abastecimiento de la Policía Nacional que proporcionen detalles sobre el tipo y la duración del licenciamiento del software necesario que complementará el hardware a ser instalado en las tanquetas.
Como parte de las conclusiones, se señaló que este informe sería remitido al ministro del Interior, Víctor Torres, con el propósito de que se tomen las medidas correctivas y preventivas necesarias en el actual proceso de adquisición de tanquetas.
Escándalo en el Ejército
La irregularidad documentada en la Policía Nacional del Perú también se refleja en el Ejército, donde un informe de la Contraloría General confirmó deficiencias en la adquisición de 10,000 fusiles ARAD 7 de la empresa Israel Weapon Industries (IWI) por parte de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) para el Ejército del Perú.
La compra de «kits de ensamblaje de Fusiles», que representó un gasto de US$ 27,737,119 para el Perú, y que debían ser armados por la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), habría sido considerada como un desacierto. Esta situación complica la posición del comandante general César Briceño Valdivia, quien era presidente del directorio de la FAME en el momento en que se llevó a cabo este proceso.
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