La medida buscó prevenir la salida del país de los investigados por la pérdida de material electoral en diversos distritos de Lima.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ordenó a sus unidades especializadas la ejecución de acciones inmediatas para evitar que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros funcionarios abandonen el país. La disposición respondió a las investigaciones en curso por irregularidades detectadas tras las elecciones generales del pasado 12 de abril, que incluyeron retrasos en la entrega de suministros y la pérdida de material electoral en los distritos de Surquillo, San Juan de Lurigancho y San Borja.
El teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), suscribió el documento oficial el sábado 18 de abril. En dicho texto, el alto mando ordenó el refuerzo de la seguridad con personal y recursos suficientes en puntos estratégicos como puertos, aeropuertos, terminales terrestres y puestos de vigilancia fronteriza en todo el territorio nacional.
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La institución adoptó esta medida preventiva tras conocer que la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) planeó solicitar al Ministerio Público la detención preliminar por siete días del titular de la ONPE y de los demás implicados. El requerimiento policial también incluyó el allanamiento de viviendas y la incautación de bienes, bajo el argumento de proteger las pruebas, asegurar dispositivos digitales y evitar la manipulación de información en oficinas y vehículos.
Actualmente, el caso avanzó en el ámbito fiscal a través del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta instancia abrió una investigación preliminar por el presunto delito de colusión en agravio del Estado contra quienes resulten responsables de las fallas logísticas y desaparición de actas.
Por su parte, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió formalmente que Corvetto y su equipo técnico pasen a la condición de investigados. Entre las diligencias solicitadas por la defensa jurídica del Estado figuró el levantamiento del secreto de las comunicaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada funcionario en los incidentes reportados durante los comicios.
