Demandan al tribunal de disciplina policial
El Comandante PNP (r) Emilio Arturo Paredes Bastos, fundador del reconocido “Grupo Coraje”, ha interpuesto una demanda de Acción Popular contra el Tribunal de Disciplina Policial. El objetivo es claro: declarar ilegal el Acuerdo de Sala Plena N° 010-2021, el cual ha permitido que cientos de policías permanezcan sometidos a investigaciones administrativas por años, vulnerando sus derechos fundamentales.
Según la ley, todo procedimiento administrativo disciplinario debe tener una duración máxima de 09 meses. Si en ese tiempo no hay una resolución de sanción, el proceso debe CADUCAR.
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Sin embargo, la demanda señala que el Tribunal de Disciplina Policial se ha excedido en sus funciones al interpretar la norma a su conveniencia. A través del cuestionado acuerdo, le otorgan un carácter «recursivo» a la consulta, evitando que los procesos caduquen y extendiéndolos de manera arbitraria por 2 o 3 años.
Esta situación no solo es una falta jurídica, sino que genera un impacto real y devastador en la familia policial:
Crisis económica: Gastos excesivos en defensa legal por tiempo indefinido.
Inestabilidad emocional: Angustia constante que afecta el entorno familiar.
Afectación profesional: El estado de incertidumbre perjudica el desempeño en el servicio a la sociedad.
La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha fijado la vista de la causa (Expediente N° 00066-2026-0-1801-SP-DC.02) para el próximo 20 de mayo de 2026 a las 10:00 a.m. En esta audiencia se defenderá la ilegalidad del acuerdo y se buscará su expulsión definitiva del ordenamiento jurídico.
Si eres un efectivo policial que actualmente se encuentra en un proceso administrativo estancado por la aplicación de este acuerdo, puedes sumarte a esta lucha legal. Los interesados tienen el derecho de apersonarse al proceso constitucional como Litis Coadyuvante (tercero a favor del demandante).
El «Grupo Coraje» cuenta con el antecedente de haber logrado la equivalencia de pensiones mediante la Ley 30683. Ahora, la meta es evitar que el Tribunal siga vulnerando el plazo razonable de los efectivos en actividad y retiro.
