La presidenta Dina Boluarte informó que se llevará a cabo una reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se impulsará la construcción de nuevas cárceles en diversas regiones del país.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) podrán hacer uso de la fuerza en la lucha contra la criminalidad, anunció la presidenta Dina Boluarte al finalizar la reunión del Consejo de Estado.
Tras casi cinco horas de intenso debate entre los máximos representantes de los tres poderes del Estado y de instituciones autónomas del país, se acordaron drásticas medidas para enfrentar la creciente ola de delincuencia en el Perú.
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“Se ha acordado la formulación de un marco legal constitucional que garantice a los miembros de la PNP y las FF.AA. hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, determinando que sea el fuero militar y policial el único donde podrían ser juzgados cuando hayan hecho uso de sus armas de reglamento, siempre con previo informe de la Inspectoría”, mencionó a la prensa
La presidenta Dina Boluarte anunció que, desde su despacho, se autorizará al Ministerio del Interior (Mininter) la disposición de recursos financieros para los gobiernos locales. Estos fondos serán destinados a la adquisición de equipos y recursos logísticos que permitan reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) en su lucha contra la delincuencia.
“Se autorizará al Mininter la transferencia de recursos no certificados a los gobiernos locales en estado de emergencia por seguridad ciudadana para la compra inmediata de logística en apoyo a la PNP, que brindará las especificaciones técnicas de los bienes”, enfatizó
Se destacó que las compras de material logístico para la Policía Nacional del Perú (PNP) estarán bajo la supervisión continua de la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de asegurar la correcta utilización de los recursos.
En relación con el hacinamiento en las cárceles y las extorsiones dentro de estos centros, Boluarte informó que se llevará a cabo una reorganización del sistema penitenciario, que incluirá la construcción de nuevos penales para aliviar la sobrecarga en las prisiones y mejorar la seguridad dentro de las mismas.
