El Poder Judicial extendió por 30 meses adicionales la investigación preparatoria contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actualmente prófugo
Asimismo, su hermano Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, también tiene la misma ampliación y a otras 80 personas, en el marco del caso ‘Los dinámicos del centro’.
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Esta decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien atendió parcialmente la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido una prórroga de 36 meses.
Mediante una resolución emitida el 23 de enero, el magistrado consideró que 30 meses es un plazo razonable para que la Fiscalía pueda concluir las diligencias necesarias y emitir un pronunciamiento final. Según el juez, este tiempo permitirá realizar actos pendientes como el deslacrado, extracción y análisis de información, declaraciones indagatorias y recopilación de documentos clave. Estas acciones buscan esclarecer las responsabilidades en una investigación por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, tráfico de influencias, colusión, cohecho pasivo propio, entre otros.
Argumentos de la resolución judicial
El juez Chávez Tamariz rechazó los pedidos de la defensa de los hermanos Cerrón para declarar infundada la prórroga. Según el magistrado, el plazo solicitado cumple con el principio de razonabilidad y garantiza un debido proceso, al permitir la obtención de pruebas tanto de cargo como de descargo. Además, aclaró que la prórroga es un acto único y no puede ser extendido nuevamente.
¿Qué se sabe de las acusaciones contra Vladimir Cerrón?
La Fiscalía señala a Vladimir Cerrón como el presunto líder de la red criminal ‘Los dinámicos del centro’, que habría operado en la región Junín realizando cobros de sobornos para otorgar licencias de conducir y contratando personal afiliado a Perú Libre a cambio de coimas. Cerrón permanece en calidad de prófugo desde el 6 de octubre de 2023, cuando fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión efectiva por colusión en el caso Aeródromo Wanka.
A esto se suma una orden de prisión preventiva de 24 meses por una investigación paralela sobre el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre.
