Este documento de planificación orientará el desarrollo institucional en los próximos diez años.
La Sala Plena de la Corte Suprema aprobó el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2020-2030, el cual establece las políticas y los objetivos institucionales que, en los próximos diez años, orientarán el gobierno y la administración judicial para convertir a este poder del Estado en una organización proactiva que resuelva los conflictos de manera oportuna, eficaz y transparente.
Cabe anotar que es la primera vez que el Poder Judicial elabora un documento de planificación estratégica a largo plazo, el mismo que irá actualizándose e implementándose en forma progresiva y gradual.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El plan contempla nueve objetivos institucionales estratégicos entre los cuales destaca la implementación de la Transformación Digital (TD), la misma que plantea la realización de diversas actividades.
Entre estas figuran la gestión por procesos eficiente, la implementación de un sistema de gestión de calidad (ISO 9001), Plan de Gobierno Digital, Expediente Judicial Electrónico (EJE) Penal y No Penal, modelo de ciclo vida de desarrollo de software y los servicios de tecnología gestionados.
Además, la creación del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001, el Repositorio de Resoluciones Judiciales y la reorganización de la Gerencia General en el marco de la TD.
Otro objetivo estratégico es el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción con el desarrollo de una cultura organizacional de integridad y de ética en la entidad judicial.
Para lograr este objetivo estratégico, el Plan también propone reformas a la Ley de la Carrera Judicial y el establecimiento de un sistema disciplinario ágil, transparente y oportuno dirigido a los magistrados y personal jurisdiccional.
Además, la creación de un sistema eficiente de denuncias contra la corrupción y unificado en la institución con participación ciudadana.
Otro objetivo es impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia consistente en mejorar los procesos jurisdiccionales sobre la base de una gestión pública orientada a resultados en beneficio del ciudadano.
Este punto también plantea reformas legales de mejora organizacional y de gobierno, esto implica proponer cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que su estructura y organización respondan a las demandas sociales.
PRESUPUESTO
De igual modo, otro de los objetivos estratégicos más importantes del plan es obtener la asignación presupuestal necesaria para el óptimo funcionamiento del Poder Judicial.
Para ello, el documento propone una reforma constitucional que asigne a este poder del Estado un porcentaje fijo del Presupuesto General de la República, de acuerdo a la marcha de la economía nacional.
Otros objetivos estratégicos que se esperan lograr en este periodo son: fortalecer el rol del Poder Judicial como poder del Estado, mejorar el diseño del flujo de litigiosidad atendido por el Poder Judicial, fortalecer los recursos estratégicos e implementar la gestión interna de riesgo de desastres.
Este plan fue producto de 720 horas de trabajo en gabinete, tres talleres de trabajo con la participación de 260 jueces y funcionarios, una encuesta nacional dirigida a las cortes superiores, 40 entrevistas a magistrados y funcionarios, así como 18 reuniones de trabajo con el Gabinete de Asesores de la Presidencia, gerencias de línea y Secretaría Técnica de la Comisión de Planificación.
