El productor musical fue hallado culpable por el manejo irregular de fondos del festival Chimpún Callao. La sentencia también alcanza a exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao vinculados al caso.

El productor musical peruano Nilver Huarac fue condenado a 9 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, según una sentencia emitida por el Poder Judicial en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con el festival Chimpún Callao.

La decisión judicial también incluyó a tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao, quienes recibieron condenas de seis años de prisión por su participación en el caso. Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que los implicados habrían concertado acciones para perjudicar al Estado mediante el manejo irregular de los ingresos generados por el evento musical.

De acuerdo con la tesis fiscal, el esquema permitió que los ingresos provenientes de la venta de entradas de las ediciones 2017 y 2018 del festival no fueran depositados en las cuentas del Gobierno Regional, pese a que el evento había sido financiado con recursos públicos. El dinero recaudado habría superado los S/440 mil, monto que terminó fuera de las arcas del Estado.

La Fiscalía sostuvo que Huarac habría actuado como cómplice primario en el presunto acuerdo irregular que permitió el desvío de estos fondos. Tras evaluar las pruebas presentadas durante el proceso judicial, el tribunal determinó su responsabilidad penal en el caso.

Luego de conocerse la sentencia, el empresario y líder de la agrupación de cumbia Alma Bella emitió un comunicado en el que señaló que la decisión judicial no es definitiva, ya que fue dictada en primera instancia. Su defensa legal anunció que presentará un recurso de apelación ante la Sala Penal correspondiente.

En su pronunciamiento público, Huarac indicó que continuará ejerciendo su derecho a la defensa y confía en que las instancias superiores revisarán el caso. Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso hasta que la sentencia quede firme o sea modificada por el tribunal de apelaciones.

El caso ha generado gran repercusión en el ámbito del espectáculo y la opinión pública, debido a la popularidad del productor musical y su participación en la organización de eventos artísticos en el país. La resolución también vuelve a poner en debate el uso de recursos públicos en actividades culturales financiadas por entidades del Estado.