Se trata del caso de lavado de activos agravado vinculado a Odebrecht
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ha determinado que el partido Renovación Popular debe ser incluido en las investigaciones en curso relacionadas con posibles sobornos otorgados a individuos vinculados a la agrupación política previamente conocida como Solidaridad Nacional.
Este asunto forma parte de las pesquisas relacionadas con la Adenda n° 2 del proyecto Línea Amarilla, así como con el contrato de fideicomiso del proyecto Río Verde.
Según el expediente n° 0023-2019-62-5001-JR-PE-01, se alega que el delito habría sido perpetrado por los acusados José León Luna Gálvez (actualmente congresista por Podemos Perú), Julio Víctor Torres Romero, Jorge Luis Zegarra Lévano, Martín Marcial Bustamante Castro, José David Quispe Lévano y el exalcalde de Lima y fundador del partido Solidaridad Nacional, Óscar Luis Castañeda Lossio, quien ha sido excluido de las investigaciones debido a su fallecimiento.
Sin embargo, de acuerdo con la cadena de responsabilidad penal, los acusados mencionados habrían aprovechado la organización formal del partido político Solidaridad Nacional para facilitar la comisión del delito de lavado de activos agravado.
Las pesquisas están relacionadas con presuntas actividades destinadas a promover la supuesta actividad de lavado de activos que habrían llevado a cabo durante la campaña presidencial de 2011 y en la campaña municipal de 2014.
De acuerdo con el documento judicial, los investigados habrían utilizado la organización partidaria como “estructura financiera y organización política para favorecer la comisión del delito de lavado de activos agravado”.
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El requerimiento legal indica que se habrían entregado cinco millones de dólares procedentes de las compañías OAS (cuatro millones ochocientos mil dólares) y Odebrecht (doscientos mil dólares). Además, según el análisis jurídico del expediente, en caso de que sea necesario, de acuerdo con el artículo 105 numeral 2 del Código Procesal Penal, se deberá llevar a cabo la disolución y liquidación del partido político Solidaridad Nacional (ahora conocida como Renovación Popular) como consecuencia adicional.
El partido Renovación Popular debe comunicar la designación de un representante legal a más tardar el miércoles 4 de octubre de este año.
Según datos de La República, trató de contactar a los representantes de Renovación Popular para discutir la inclusión de su estatus legal en el proceso penal mencionado, pero no obtuvo respuesta.
En su página oficial de Facebook, el partido afirmó que la información publicada por este medio de comunicación era falsa, argumentando que se trata de casos que afectan únicamente al congresista José Luna Gálvez. No obstante, el expediente y las verificaciones indican lo contrario.
