El Poder Judicial desestimó una vez más la solicitud presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo para anular el proceso penal que enfrenta tras su fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
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Resolución de la Corte Suprema
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Castillo contra la decisión emitida el pasado 21 de mayo por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien ya había rechazado una solicitud de nulidad planteada por la defensa del exmandatario.
Según el tribunal, los argumentos presentados no demostraron irregularidades graves en el procedimiento que ameritaran una nulidad. La sala destacó que la intervención de la Fiscalía tras la detención del exmandatario se llevó a cabo dentro del plazo constitucional de 48 horas, argumentando que esta celeridad estaba justificada debido a la gravedad de los hechos y la alarma social generada.
Argumentos de la defensa
La defensa legal de Castillo había cuestionado las diligencias fiscales realizadas inmediatamente después de su detención, alegando que el breve plazo y la falta de citación a medios probatorios imposibilitaron oponerse adecuadamente al inicio del procedimiento preliminar. Además, solicitó que se declarara nulo todo lo actuado desde la aceptación de la acusación fiscal, alegando vulneración de principios procesales.
También exigieron que el juez Checkley se inhibiera de continuar participando en el caso. Sin embargo, la sala suprema concluyó que las observaciones de la defensa carecían de relevancia suficiente para anular el proceso, al no evidenciarse hechos concretos que afectaran derechos fundamentales del acusado.
Cargos y posible condena
El expresidente enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. En este contexto, el Ministerio Público ha solicitado una condena de 34 años de prisión y una inhabilitación de tres años y seis meses para ejercer cargos públicos.
Pedro Castillo permanece recluido en el Penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, mientras continúa enfrentando las investigaciones y procesos judiciales derivados de los eventos del 7 de diciembre de 2022.
