Requisitos y cronograma, según propuesta en Congreso
Una nueva propuesta de ley en el Congreso del Perú busca permitir a los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400. La iniciativa fue presentada por la legisladora Ariana Maybee Orúe Medina, del grupo parlamentario Podemos Perú.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de los congresistas José León Luna, Raúl Picón, Francis Paredes, Yorel Alcarraz, Juan Burgos y Guido Bellido.
De aprobarse la norma, los desembolsos serían graduales y escalonados, organizados según el último dígito del DNI del solicitante.
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Los pagos se realizarían en cuatro tramos de hasta S/ 5,350 cada uno, con el fin de evitar una sobrecarga en el sistema previsional. El texto señala lo siguiente:
“El retiro como máximo, se llevará a cabo a través de cuatro depósitos a la cuenta consignada por el aportante de la siguiente forma:
- a) Primer depósito: Hasta una (1) UIT en el lapso de 30 días calendario posteriores a la aprobación de la solicitud.
- b) Segundo depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al primer depósito.
- c) Tercer depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al segundo depósito.
- d) Cuarto depósito: Hasta una (1) UIT dentro de los siguientes 30 días posteriores al tercer depósito.
- e) En caso el dinero total sea menor a una UIT, se realizará un único depósito”.
El artículo 3 de la propuesta establece que el retiro será facultativo y estará limitado al monto total acumulado de aportes declarados por cada afiliado ante la ONP.
Para poder acceder al beneficio, los ciudadanos deberán cumplir con ciertas condiciones obligatorias. “Tal como se detalla en el artículo 1 de la presente norma, los aportantes que presenten la solicitud no pueden encontrarse percibiendo pensión ni haber realizado un traslado al Sistema Privado de Pensiones”, precisa Orúe Medina.
Además, se precisa que el dinero retirado será intangible, salvo exista mandato judicial inapelable por deudas alimentarias.
