La derogación de la detención preliminar en casos sin flagrancia, impulsada por el Congreso y promulgada por Dina Boluarte, preocupa a autoridades y especialistas por su impacto
La reciente promulgación de la Ley 32181 por la presidenta Dina Boluarte ha encendido alarmas en el sistema judicial. La norma elimina la detención preliminar en casos donde no existe flagrancia, limitando así una herramienta clave para enfrentar delitos graves como feminicidios, sicariato y crimen organizado.
El artículo derogado, anteriormente vigente en el Nuevo Código Procesal Penal, permitía que fiscales soliciten la detención preliminar ante sospechas fundadas de delitos graves y riesgo de fuga. Según Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, esta eliminación «debilita las investigaciones y la capacidad de respuesta del sistema judicial».
El impacto de la norma ya se evidencia. La Corte Superior de Justicia de Huaura liberó a diez investigados, incluidos policías, vinculados a la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’, debido a la aplicación de esta ley. La Fiscalía ha anunciado que presentará un recurso para revertir esta decisión.
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Un caso emblemático que podría verse afectado es el de Gerson Alexander Juárez Tapia, feminicida confeso de una niña en Villa María del Triunfo. Actualmente enfrenta una orden de detención preliminar por siete días, pero podría quedar en libertad si su abogado argumenta que la detención carece de fundamento al no haberse producido en flagrancia.
Especialistas, como la abogada feminista Brenda Álvarez, alertan sobre el retroceso que implica esta norma en la protección de las víctimas. Por su parte, el exministro del Interior Rubén Vargas calificó la derogación como “un golpe a la lucha contra el crimen organizado”, destacando que esta figura era crucial en delitos complejos que operan en la clandestinidad.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señaló que los jueces podrían inaplicar la ley si consideran que contraviene la Constitución. Sin embargo, esto depende de criterios individuales, generando incertidumbre sobre su implementación.
En medio del debate, organismos como el Ministerio Público han solicitado al Congreso reconsiderar la normativa para garantizar que las autoridades puedan actuar con celeridad en la lucha contra el delito. Mientras tanto, el país enfrenta un panorama donde la seguridad jurídica y la justicia para las víctimas penden de un hilo.
