Un agente de la PNP mató a un Rottweiler frente a su dueña en presunta defensa propia. El hecho ha generado indignación entre los vecinos y activó una investigación policial.
La mañana del viernes 3 de enero, un trágico suceso conmocionó a los vecinos del jirón Kotosh, en San Juan de Lurigancho (SJL). Augusto Bellodas Marticorena, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), disparó contra un perro de Policía Nacional del Perú (PNP), provocando su muerte frente a su dueña, Jeny Huanca. La escena, captada por cámaras de seguridad, ha despertado debate sobre la actuación del agente.
Según testigos, Bellodas Marticorena transitaba por la zona cuando se encontró con el perro, identificado como Max. En un aparente intento de defensa, disparó dos veces, alegando que el animal representaba un peligro. La dueña, sin embargo, declaró que Max, de 2 años y 9 meses, padecía epilepsia y estaba bajo tratamiento médico. Aunque usualmente usaba bozal y correa, esa mañana no llevaba ninguno de los dos debido a un descuido.
Tras el incidente, el suboficial fue trasladado a la comisaría de Zárate para rendir su declaración y someterse a los procedimientos legales correspondientes. La investigación también incluye el análisis de las grabaciones de seguridad que muestran al perro corriendo y jugando antes del fatal desenlace. En las imágenes se observa cómo el agente dispara cuando el animal se le acerca.
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Vecinos del lugar expresaron opiniones encontradas. Algunos lamentaron profundamente la pérdida de Max, describiéndolo como un animal inofensivo y querido por su dueña. Otros, sin embargo, mencionaron que el perro había causado temor en el vecindario por salir sin bozal en repetidas ocasiones. “Era un cachorro que a veces se tornaba impredecible, pero esto no justifica lo que ocurrió”, dijo una vecina.
El caso ha puesto en la mira el trato a los animales y las posibles sanciones legales. Según la legislación vigente, actos de crueldad contra animales que culminen en su muerte pueden ser penados con hasta cinco años de prisión efectiva. Las autoridades continuarán investigando los hechos para determinar si el uso del arma de fuego por parte del suboficial fue justificado o constituye un acto de abuso de poder.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la protección de los animales y la responsabilidad de los propietarios y las fuerzas del orden en situaciones de riesgo. Por ahora, los vecinos y activistas esperan que se haga justicia para Max.
