Tras avalancha de pruebas que confirman sabotaje a elecciones
La Policía Nacional del Perú (PNP) activó un nuevo frente en la investigación sobre el proceso Electoral 2026 y decidió solicitar la detención preliminar del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, junto a otros funcionarios y representantes de la empresa privada Galaga, según reveló el programa periodístico ‘Contracorriente’.
La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) adoptó esta medida tras evaluar indicios que, a su criterio, configuran evidencias claras de irregularidades en la contratación del servicio de transporte de material electoral.
El periodista Augusto Thorndike difundió la información luego de confirmar datos con fuentes policiales.
“Ya tomaron la decisión de pedir la detención preliminar”, afirmó durante la emisión televisiva, al detallar que la solicitud incluye a funcionarios vinculados al área electoral y a directivos de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C.
La investigación policial examina el proceso de contratación y ejecución del servicio logístico utilizado para trasladar actas, cédulas y otros materiales en Lima.
Los agentes identificaron retrasos en la distribución que impactaron directamente en la instalación de mesas de sufragio, lo que obligó a ampliar el horario de votación durante la jornada electoral.
La PNP sostiene que estos hechos no responden a fallas aisladas, sino a una secuencia de decisiones que levantan sospechas sobre la transparencia del proceso.
El informe también advierte inconsistencias en la capacidad operativa de la empresa contratada.
Además, los investigadores detectaron cambios en los requisitos técnicos y contradicciones en los términos de contratación, así como un desfase en el cronograma logístico: las unidades debían estar listas el 10 de abril, pero el proceso comenzó recién el día 12.
La hipótesis que maneja el equipo especializado apunta a un presunto direccionamiento del contrato mediante la aplicación de normas que habrían favorecido a la empresa.
En ese contexto, la solicitud de detención preliminar por siete días busca asegurar la presencia de los implicados y evitar una posible alteración de evidencias mientras el Ministerio Público evalúa el caso.
Ayer trascendió, que un equipo de fiscales y la Policía alistaba el allanamiento a la casa de Corvetto y a su oficina en la sede principal de la ONPE.
