La Policía Nacional del Perú (PNP) remitió un oficio a Delia Espinoza en el que se le comunicó la suspensión del servicio de seguridad y protección personal que se otorga a altos funcionarios del Estado.

Esto, luego de que  la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera su suspensión por seis meses del cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación por falta grave al desacatar una resolución que disponía la reposición de Patricia Benavides en el Ministerio Público.

Delia Espinoza gozaba de escolta, y varios agentes policiales para su protección personal.

El referido oficio  señala que, conforme a la normativa vigente, «se procederá a suspender el servicio de seguridad y protección» que el Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado (DEPPFEP) «venía brindándole».

A renglón seguido, el documento indica que la medida se adopta en virtud a la resolución de la JNJ que dispuso que a Delia Espinoza se le aplique «la medida cautelar de suspensión provisional […] en su condición de fiscal suprema y fiscal de la Nación, por el plazo de seis meses». El oficio es firmado por el comandante PNP Marco Romero, jefe del DEPPFEP.

Asimismo, la Policía señala que ayer, por la noche, la suspendida magistrada «presentó un documento solicitando que se mantenga su resguardo policial». Este pedido «viene siendo evaluado conforme a los plazos establecidos por ley», resaltó la PNP.

La entidad encargada del orden interno señaló que «ratifica el respeto hacia las instituciones públicas y sus decisiones» y que «cada decisión que adopta se fundamenta en criterios técnicos y en el estricto cumplimiento de su deber de proteger a las personas».

Al respecto, Luciano López, defensa legal de Delia Espinoza, señaló que la suspensión de la seguridad que se le brindaba a su patrocinada sería «un acto muy grave» y «abiertamente irregular» desde el punto de vista legal, ya que, según explicó, ella aún ostenta el cargo de alta magistrada.