Los fiscales como José Domingo Pérez y Rafael Vela que, a través de sus actos funcionales, se prestan a una cacería o cerco judicial, abusando de las prisiones preventivas y abuso de poder tendrán que pagar indemnizaciones a sus víctimas.
El parlamentario Américo Gonza (Perú Libre) presentó un proyecto de ley, ante el Congreso, que evitaría los excesos en la labor de jueces y fiscales en el Perú.
Esta normativa establece que, tanto jueces como fiscales, tendrán que pagar una indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias.
Asimismo, el fondo donde irá destinado estas multas será administrado por la Defensoría del Pueblo.
La propuesta pretende modificar una serie artículos en la Ley N° 24973 con el objetivo de regular la indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias.
En ese sentido, detallan que el monto de «las mutas impuestas a las autoridades judiciales, fiscales, policiales o administrativas se calculan multiplicando el 10% de su remuneración mensual bruta por cada día de detención y/o privación de la libertad. Si hubiera denunciante, este debe ser incluido para el pago de la multa, de manera solidaria, con las autoridades que incurrieron en el error o que autorizaron la detención y/o prisión».
En la exposición de motivos se señala que en la actualidad la situación de un procesado es llevar el proceso en libertad, impidiendo el abuso de poder y protegiendo su derecho fundamental.
“Sin embargo, se ha establecido la detención preliminar, como naturaleza de seguridad procesal, cuando se cumplen los supuestos establecidos en la norma. Cuando se detiene de manera injustificada, y a la recurrencia de casos ocurridos en nuestro país, donde fueron sentenciados erróneamente inocentes, donde estamos ante a una detención arbitraria que es aquella que se realiza en contra de la ley y sin el debido proceso. Quiere decir que es una privación de la libertad, que no se ajusta a las normas establecidas en la Constitución y en la ley” añade.
También señala que la detención constituye una violación al derecho fundamental que es la libertad personal, establecido en la Constitución y en los tratados Internacionales de Derechos Humanos, provocando irreparables daños tanto psicológicos como económicos.
Cabe señalar que recientemente el Tribunal Constitucional anuló los actos funcionales de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela por su falta de objetividad en la investigación a uno de los abogados de Keiko Fujimori, asimismo el colaborador eficaz Jaime Villanueva también acusó a estos fiscales de realizar un cerco judicial al expresidente Alan García que ante estas maniobras para detenerlo se suicidó.
