El narrador, que ha aprendido a desconfiar de las explicaciones morales cuando lo que está en juego es arquitectura institucional, observa que no toda crisis política es igual. Algunas corrigen; otras desorganizan. La diferencia no reside solo en la gravedad de los hechos, sino en el momento en que ocurren. Una vacancia presidencial en etapa preelectoral no es simplemente un acto de control constitucional: es una intervención de alto riesgo sobre un sistema que ya se encuentra en transición.

No hay necesidad de imaginar conspiraciones para comprender el problema. Basta mirar el calendario. Cuando el país se aproxima a las elecciones, el horizonte de decisión se acorta, los incentivos se distorsionan y la capacidad de corrección se reduce. En ese tramo final del ciclo, las instituciones operan con menos tiempo, menos legitimidad y menos margen de error. Cualquier decisión extraordinaria, y la vacancia lo es, tiene efectos amplificados.

El primer riesgo es la deslegitimación del proceso electoral. Una vacancia cercana a los comicios instala la percepción de que el poder se redefine fuera de las urnas. Aunque la medida sea formalmente constitucional, su impacto simbólico puede ser corrosivo: el votante recibe el mensaje de que las reglas cambian cuando el reloj aprieta. No se anula el acto electoral, pero se debilita su autoridad moral. El debate programático cede ante la incertidumbre institucional, y la campaña se convierte en un plebiscito sobre la crisis, no sobre el futuro.

El segundo riesgo es la parálisis decisoria. Un Ejecutivo interino gobierna sin mandato propio y con un horizonte temporal limitado. Su racionalidad es defensiva: evitar costos, postergar decisiones, administrar lo indispensable. Reformas, inversiones y políticas de mediano plazo se congelan. En una economía sensible a expectativas, esa pausa tiene efectos reales: se encarece el crédito, se difieren proyectos y se deteriora la confianza. La estabilidad, que no se decreta, se resiente.

El tercer riesgo es la irresponsabilidad política sin costo. En la antesala electoral, los actores que impulsan una vacancia saben que no enfrentarán consecuencias inmediatas. No habrá tiempo para evaluar resultados ni para exigir rendición de cuentas. La transición se vuelve un corredor estrecho donde se toman decisiones que nadie asumirá después. Este descalce entre poder y responsabilidad no es un defecto moral; es un problema de incentivos.

Existe, además, un riesgo menos visible pero más profundo: la normalización de lo excepcional. La vacancia es un mecanismo previsto para situaciones extremas. Usarla en el tramo final del ciclo político puede convertirla en atajo táctico. Cuando lo excepcional se vuelve recurrente y más aún, oportuno, el sistema pierde previsibilidad. La regla sigue escrita, pero su significado cambia: deja de ser garantía y pasa a ser amenaza latente.

Conviene subrayar lo que este artículo no afirma. No sostiene que una vacancia sea siempre ilegítima ni que el control parlamentario deba suspenderse por proximidad electoral. Afirma algo más limitado y más exigente: que el estándar de prudencia debe ser más alto cuando el tiempo institucional se agota. La pregunta no es solo si la vacancia es legal, sino si es responsable en ese momento específico.

La historia comparada ofrece advertencias, no recetas. En democracias con partidos sólidos y calendarios estables, las transiciones abruptas pueden amortiguarse. En sistemas fragmentados, con alta desconfianza y débil institucionalización, los efectos tienden a ser acumulativos. El Perú pertenece, hoy, a este segundo grupo. Por eso, los costos potenciales de una vacancia preelectoral no se distribuyen de manera abstracta: se concentran en la confianza, el recurso más escaso.

El riesgo final es cívico. Si la ciudadanía percibe que las reglas pueden alterarse en el último tramo, la participación se vacía de sentido. Se vota, pero se vota con escepticismo; se elige, pero se elige con resignación. Y una democracia que sobrevive a base de resignación no se fortalece: se desgasta.

Este artículo no pretende justificar la inconducta presidencial ni propone inmunidades ni renuncias al control. Propone responsabilidad temporal. Reconoce que el mismo acto institucional puede tener efectos distintos según el momento. Reconoce, también, que preservar la integridad del proceso electoral es un bien público que no se recupera fácilmente una vez dañado.

En política, como en ingeniería, no basta con que una herramienta exista: importa cuándo se usa. Una vacancia en etapa preelectoral puede ser legal; sin embargo, el desafío es que no termine siendo institucionalmente costosa para un país que aún construye, con dificultad, su confianza democrática.