El sufragio no es una concesión del Estado, sino, un derecho fundamental inherente a la ciudadanía.
Las propuestas provenientes de funcionarios adscriptos al partido político Juntos por el Perú orientadas a restringir el derecho al voto de los peruanos que residen en el extranjero representan una seria amenaza para los principios constitucionales que sustentan el Estado democrático peruano. Más allá del debate político coyuntural, la exclusión de ciudadanos peruanos por razón de su lugar de residencia y sus preferencias electorales vulneraría derechos fundamentales reconocidos expresamente por nuestra Constitución.
El artículo 2, inciso 17, de la Constitución Política del Perú reconoce a toda persona el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política de la Nación. Este principio se desarrolla en el artículo 31, que establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa y elección de representantes, entre otros mecanismos.
Asimismo, el artículo 30 dispone que son ciudadanos electores los peruanos mayores de dieciocho años. La Constitución no distingue entre ciudadanos que residen dentro o fuera del territorio nacional. Por tanto, cualquier intento de limitar y hasta privar del voto a los peruanos en el exterior implicaría crear un régimen de Apartheid con una categoría de ciudadanos con menos derechos que los otros, contradiciendo el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 2, inciso 2.
La creación específica del distrito electoral para los peruanos en el exterior fue aprobada mediante la Ley N.º 31032 (2020), que modificó la legislación electoral para que los ciudadanos residentes fuera del país elijan directamente a sus propios representantes al Congreso. Los peruanos que vivimos en el extranjero mantenemos nuestra nacionalidad y se la podemos transmitir a nuestros descendientes. Al igual que los residentes en el territorio patrio, tenemos obligaciones legales con la patria. Muchos sostienen económicamente a sus familias mediante remesas, conservan propiedades, realizan inversiones y participan activamente en organizaciones vinculadas al Perú. Su contribución al desarrollo nacional es innegable. Negarles el derecho a votar equivaldría a desconocer su condición de miembros plenos de la comunidad política peruana.
Además, el artículo 43 de la Constitución define al Perú como una República democrática y social. La democracia se fortalece ampliando espacios de participación, no restringiéndolos. Resulta especialmente preocupante que, desde Juntos por el Perú se pretenda emular al modelo chavista en Venezuela que niega el voto a los millones de venezolanos residentes en el exterior, planteando excluir a un grupo de ciudadanos peruanos por consideraciones políticas o por la percepción que su voto favorece determinadas opciones electorales que son adversas a los postulados ideológicos del citado partido. Los derechos fundamentales no pueden depender de cálculos partidarios ni de la conveniencia de quienes ejercen el poder.
La sola residencia en el extranjero no constituye una causa legítima para privar a un ciudadano de un derecho esencial en un régimen democrático. ¿Y qué sigue después? ¿Desconocer el voto a los ciudadanos analfabetos? O más bien, quizás, una vez en el poder ¿exigir el carné del partido político Juntos por el Perú para tener acceso a alimentos, becas, transporte y demás beneficios?
No señores de Juntos por el Perú. Para su desdicha no estamos en la URSS ni en Cuba. Estamos amparados por las leyes peruanas y nadie de ustedes va a venir en un acto de piconería a quitarnos lo que por derecho nos corresponde, y menos, poner en duda la neutralidad de nuestro cuerpo Diplomático y Consular alrededor del mundo.
El nazismo y Adolfo Hitler eliminaron derechos civiles a quienes se le oponían. Crearon campos de concentración y, finalmente, desencadenaron una guerra mundial con el asesinato de entre 45 a 50,000,000 de personas en Europa. El Apartheid en Sudáfrica ignoró los derechos civiles de millones de personas por el color de su piel. Temas demasiados sensibles para todos los involucrados y hablando en primera persona, no veré hacia un costado.
En definitiva, desde Juntos por el Perú quieren imponer una medida discriminatoria y abiertamente ilegal, a la par, también, una propuesta difícilmente compatible con los artículos citados de la Constitución. Defender el derecho al sufragio es defender la igualdad de todos los ciudadanos y preservar uno de los pilares fundamentales de la democracia peruana.
Quienes proponen esta aberración discriminatoria deben ser conscientes de las consecuencias políticas y hasta muy posiblemente legales de sus palabras. Estamos parados firmes y respondemos con un rotundo NO a las pretensiones nacionalsocialistas que emanan desde funcionarios, militantes y aliados del partido político Juntos por el Perú.
(*) Graduado de Educación e Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén
