Se anuncian importantes inversiones en los aeropuertos concesionados a Aeropuertos del Perú (AdP), destacando el Aeropuerto de Pisco con una licitación superior a los US$ 40 millones. Sin embargo, detrás de estas cifras existe una contradicción grave que el Estado no puede seguir ignorando: la seguridad operacional continúa relegada a un segundo plano.

Desde hace años, los municipios de Pisco y San Andrés permiten la acumulación de toneladas de residuos sólidos en zonas colindantes a la pista de aterrizaje, generando no solo contaminación ambiental y sanitaria, sino lo que resulta crítico desde el punto de vista aeronáutico un riesgo aviario permanente. Este riesgo está plenamente identificado por la OACI como una de las amenazas más severas para la seguridad de las operaciones aéreas.

La presencia de botaderos informales atrae aves de gran tamaño y en concentraciones incompatibles con una operación aérea segura. Ello incrementa exponencialmente la probabilidad de impactos con aeronaves (bird strike), comprometiendo la seguridad de pasajeros, tripulaciones, aeronaves e infraestructura aeroportuaria. No se trata de un problema accesorio ni ambientalmente aislado: es un factor crítico de seguridad aérea.

Resulta inaceptable que, mientras se anuncian obras en el lado aire, mejoras en cercos perimétricos y adquisición de equipamiento, no se aborde de manera inmediata, estructural y coordinada la gestión del riesgo aviario. Esta responsabilidad no es difusa: recae de forma compartida en el concesionario, los gobiernos locales y el Estado, a través de la FAP, del MTC y la DGAC, como autoridad aeronáutica.

AdP ha informado que cerrará el 2025 con cuatro licitaciones por US$ 43.1 millones, de las cuales:

• US$ 40.07 millones corresponden al Aeropuerto de Pisco,
• US$ 1.91 millones a sistemas de fajas de equipaje en otros aeropuertos,
• además de diversos servicios de mantenimiento en varios terminales, incluido Pisco.

La pregunta es inevitable y urgente:

¿De qué sirve modernizar un aeropuerto si se tolera un riesgo aviario evidente y permanente a pocos metros de la pista?

¿Cuántas alertas, incidentes o tragedias deben ocurrir para que la seguridad aérea deje de ser un anexo del proyecto y pase a ser su eje central?

La seguridad operacional no es negociable ni postergable. Sin la erradicación efectiva de los botaderos, sin un plan formal y auditable de control de fauna, y sin acciones firmes frente a la negligencia municipal, cualquier inversión millonaria queda incompleta, expuesta y peligrosamente vulnerable.

El Aeropuerto de Pisco es, además, el principal aeropuerto alterno del Jorge Chávez. Ignorar sus riesgos operacionales no solo es una omisión técnica, sino una irresponsabilidad estratégica para todo el sistema aeronáutico nacional.

La ciudadanía exige que la seguridad aérea deje de ocupar el último lugar en la agenda y se convierta, de una vez por todas, en el criterio rector de toda intervención aeroportuaria en el Perú. Porque invertir sin seguridad no es desarrollo: es una apuesta temeraria con vidas humanas.