El ministro de Economía Waldo Mendoza dijo que «la informalidad se cura con crecimiento económico». Este enunciado es impreciso. Suena a que el Estado no debe hacer casi nada. ¿Qué otras cosas pueden hacer (y de hecho ya hace) el Estado para combatir la informalidad? Esto se relaciona con lo que el MEF y los candidatos presidenciales deberían prestar atención.
Primero aclaremos: El crecimiento económico sí reduce la informalidad, pero muy poco, mejor diríamos poquísimo. Según Céspedes (2015) por cada 10% de aumento en el crecimiento, la informalidad bajó en 0.5%.
Veamos el porcentaje de informalidad laboral por países en América Latina al 2019 según la Organización Internacional del Trabajo: 84.9% en Bolivia; 73.6%, Ecuador; 68.9%, Paraguay; 68.4%, Perú; 62.1%, Colombia; 58.1%, Guyana; 52.1%, Suriname; 49.4%, Argentina; 45.0%, Brasil; 29.2%, Chile; 24.0%, Uruguay.
Asumiendo que crecemos 10% siempre (lo cual es improbable ya que nuestra economía depende del contexto internacional), tendríamos que esperar 25 años para reducir la informalidad al promedio latinoamericano y 78 años para tener el % de informalidad de Chile. Segundo: ¿Solo el crecimiento reduce informalidad?
No. Entre las medidas estructurales tenemos: aumentar el acceso y la calidad de la educación, los servicios de salud, el sistema de justicia, etc.
Pero no es lo único que se puede hacer. Hay también políticas de corto plazo que otros países hacen e incluso el Perú ya está haciendo: fortalecer la fiscalización laboral (creación de Sunafil), medidas tributarias (p.ej. acceso a cuentas bancarias de SUNAT), simplificación administrativa (p.ej. https://mac.pe), dar incentivos tributarios (p.e. Régimen MYPE).
También: reducir costos laborales, capacitación laboral, certificación de competencias laborales, asesoría en búsqueda de empleo, bolsas de trabajo y otros servicios de intermediación (p.e Empleosperu), políticas de formalización del trabajo doméstico (Ley 31047), programas de empleo público (p.e. Trabaja Perú).
Asimismo: brindar información a empresas y emprendedores sobre cómo formalizarse, capacitación y otras asesorías (p.e. Programa Tu Empresa), certificaciones de productos (SENASA), extensionismo tecnológico (p.e. CITEs), fondos concursables de innovación (p.e. Fidecom), promoción de instrumentos financieros (p.e. factoring). En general, implementar políticas de desarrollo productivo adaptados a las necesidades de los sectores (p.e. minería informal, pequeña agricultura familiar, servicios de plataformas digitales tipo Uber/Rappi), entre otras intervenciones.
Decir que el crecimiento económico es la cura es no tomar en cuenta todo el abanico de políticas. Por cierto, muchas de estas medidas han tenido presupuestos y % de ejecución bajas. De ahí que el impacto haya sido limitado. P.ej. Chacaltana (2017) encuentra indicios de que los regímenes laborales y la creación de Sunafil no tuvo efectos en el empleo formal registrado.
Tiene sentido lo que dice pues, recién en 2020, la Sunafil opera en todas las regiones del Perú. La noticia del 2018 fue peor: los funcionarios de Sunafil realizaron huelga porque a ellos mismos les habían vulnerado sus derechos laborales.
Es un hecho que no invertimos lo suficiente en fiscalización ya que estamos debajo de países de la Alianza del Pacífico como Chile y Colombia en cuanto al número de inspectores por habitante. Luego que no nos sorprenda tener explosiones sociales como la del paro agrario en la costa.
El MEF y los candidatos presidenciales deberían responder: ¿Piensan continuar y fortalecer estas medidas? ¿Les van a asignar más presupuesto o no? ¿Cómo piensan aumentar su ejecución y calidad del gasto? ¿O van a esperar que el crecimiento económico reduzca la informalidad?
(*) Magister en Economía Aplicada y Análisis de Datos por la University of Essex (Reino Unido)
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