Por: Ángel Delgado Silva / En el Perú, como todo régimen calificado de democrático, la soberanía reside en la Nación. Tal es el sentido de nuestro Art. 45º constitucional: “El poder del Estado emana del pueblo”. Razón por lo cual los representantes que ejercen esta potestad “lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. Sin embargo, esta normativa fundamental para la vigencia y funcionamiento del Estado de Derecho, es burlada y dejada de lado por los gobernantes que hacen caso omiso del origen y sustento de los poderes que ejercen. De esta manera, el pueblo soberano resulta vejado día a día por quiénes se comportan como si fueran propietarios de sus facultades gubernativas.
Esta usurpación ha alcanzado ribetes de escándalo bajo la égida vizcarrista. La retahíla de Ministros de Estado, salvo rarísimas excepciones, han evidenciado una incompetencia de campeonato. Pero no son removidos de sus cargos, a pesar del inminente daño que generan. En lugar de asumir sus responsabilidades como manda la Constitución, se atornillan a sus eventuales puestos pues estiman que lo merecen a perpetuidad. Personajes de triste recordación como Zeballos y Zamora, artífices del desastre y llanto que aflige a millones de peruanos, siguieron al frente de sus carteras ministeriales impertérritos ante las críticas que advertían sus falencias objetivas. Y para mayor desconsideración con el pueblo soberano, al terminar la pesadilla, los susodichos reclamaron una nueva sinecura para seguir viviendo del presupuesto público.
Esta insolencia descarada tiene émulos aplicados en los Ministerios de Educación, Interior y Economía. Sus titulares son responsables de licitaciones luctuosas, incompetencias supinas y performances de espanto, respectivamente. A pesar de ello, deshonrando sus compromisos con el pueblo soberano, se aferran a sus empleos como pulpos en las rocas. Poco les importan las interpelaciones parlamentarias, porque pueden negociar acuerdos nefandos bajo la mesa, para evitar la censura y no perder la mamadera estatal.
Independiente que el Congreso cumpla o no su función contralora –para lo cual fue elegido– estos ministros ya han sido repudiados por la población. En una genuina democracia la ética de funcionarios consecuentes, los llevaría a renunciar voluntariamente. Su insólita terquedad revela las dolorosas fracturas del sistema político, especialmente en la moralidad pública y respeto al demos. ¿Acaso la corrupción en la compra de tabletas que deja sin educación a los niños del Perú, el homicidio de 13 personas en un fallida intervención policial y, sobre todo, el Oscar al peor desempeño económico a nivel mundial, no amerita la expectoración inmediata de estos atletas de la incompetencia?. Si la representación nacional no actúa como corresponde, el pueblo tendrá inevitablemente la palabra.
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