Por: Ángel Delgado Silva / Las tragedias que asolan al país parecen no acabar. A la infausta pandemia, absolutamente descontrolada y la crisis económica y social que sobreviene, se adiciona una nueva amenaza para el futuro nacional. Se trata de la inminente puesta en vigor del Acuerdo Regional de Escazú, así llamado por la ciudad de Costa Rica donde se adoptó, el 4 de marzo del 2018.
El tratado impulsado por la CEPAL, en el marco de la ONU, versa sobre el “Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Tratándose de derechos humanos y la soberanía del Perú, el referido convenio internacional deberá ser aprobado por el Congreso de la República, según mandato del Art. 56º de la Constitución.
Como cualquier persona sensata apostamos por la integridad y defensa del medio ambiente. Estamos decididamente en contra de la depredación de nuestros recursos naturales. Y consideramos imprescindible la promoción de los derechos ambientales para todos los peruanos, especialmente los más vulnerables. Por eso saludamos que, en los últimos años, nuestro país se haya dotado de una copiosa legislación tutelar, que ha merecido reconocimiento mundial.
Pero el Acuerdo de Escazú es otra cosa. Pretextando extender y garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia medioambientales –debidamente consignados en el ordenamiento jurídico nacional– se sustraen los temas ambientales de la autoridad de los peruanos y sus instituciones públicas. Esto significa que las decisiones relativas al uso de los recursos para desarrollar al país y beneficiar a nuestro pueblo, escaparían de las fronteras nacionales y no responderán a nuestros intereses.
Al internacionalizarse las decisiones y la jurisdicción ambientalistas, el Perú perderá control de las inversiones en el territorio. Intereses ajenos manejarán las minas, especialmente el litio (mineral del mañana) y dispondrán sobre el mar de Grau y la pesca. Pero lo más grave, nuestra Amazonía devendría en “patrimonio común de la humanidad”, melifluo concepto para arrebatarnos la ancestral soberanía peruana.
Por último, pretender la aprobación del tratado en medio de la postración causada por el coronavirus, la angustia frente al porvenir y la desesperación efecto del hambre y el desempleo –como quieren los áulicos del globalismo radical– sería una puñalada por la espalda. Una cobardía, aprovechando que la atención está por otro lado, sorprendiéndonos con una ratificación sigilosa y vergonzante. Exigimos que el Parlamento, a diferencia del Gobierno, permita la más amplia difusión y un debate en serio. ¡Qué se conozca previamente su entraña antinacional, antes de cualquier decisión que malogre el destino de las próximas generaciones!
