Por: Aníbal Quiroga
La situación de la presidenta del Poder Judicial no es una cosa nueva en el quehacer político y jurisdiccional. Ya hemos tenido casos, ante la Junta Nacional de Justicia, de fiscales vinculados a los Cuellos Blancos y llamadas impropias o delictivas.
Se puede mencionar el propio caso del Juez César San Martín, quien fue procesado y sancionado por la Junta Nacional de Justicia, donde el miembro ponente de la Junta pidió seis meses de suspensión y al final solo fue suspendido por 30 días.
El caso de la presidenta del Poder Judicial está exactamente en la misma línea, entre la destitución o la suspensión por seis meses, por las mismas razones que la Junta Nacional de Justicia ha sancionado a otros fiscales supremos y a otros magistrados de la Corte Suprema, a algunos severamente con la destitución y a otros más benévolamente con una mera suspensión tan solo por 30 días.
En el derecho existe un viejo criterio de interpretación que dice: “donde hay la misma razón existe el mismo derecho”.
A situaciones análogas, la respuesta tiene que ser uniforme, no puede haber situaciones dispares en el resultado del trabajo de un órgano jurisdiccional.
Como en el caso de la Junta Nacional de Justicia, que se acaba de estrenar en un trabajo muy importante, pero que al mismo tiempo es reciente, por lo tanto, requiere que dé señales a la ciudadanía de que actúa con la misma imparcialidad y el mismo criterio en todos los casos sin preferencia alguna.
Ya hemos visto cómo en la Fiscalía de la Nación, el caso de la Presidenta del Poder Judicial ha sido derivado de una fiscalía a otra, como el gran bonetón, alegando una gran cercanía con ella, y eso es francamente irregular.
Por lo tanto, se impone que la Junta Nacional de Justicia dé su veredicto con el mismo criterio y en las mismas direcciones que en otros casos ya lo ha hecho.
