Nuestra Policía Nacional, tiene la obligación constitucional y legal de resguardar el orden público y de recuperarlo cuando él ha sido afectado, lo que puede cumplir con el apoyo de las Fuerzas Armadas o sin él, según decisión a cargo del Gobierno Central.
La obligación antes enunciada, se debe cumplir en tiempos de paz al igual que cuando se ha declarado por el Poder Ejecutivo algún estado de excepción, como puede ser el de emergencia o el de sitio.
Los estados de excepción se declaran ante graves afectaciones del orden público, que requieren su contención por parte del Estado y por supuesto su superación y vuelta a la normalidad, para lo cual es indispensable que las fuerzas del orden salgan airosas en su cometido.
Sin embargo, y hay que decirlo claramente, en los últimos años se ha impuesto la desidia desde el Sector Público, cuando no su miedo, diría que, hasta pánico, pues se ordena a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, repeler las agresiones sin armas, con solo protección muy relativa y con elementos “no letales” que para poco o nada sirven, pues como hemos observado, dejaron de ser disuasivos. El resultado es de esperarse, pues saldrán airosos y victoriosos los revoltosos, los vándalos, los terrucos, los violentistas, y los delincuentes que quieren generar el caos para apropiarse del Estado y salir campantes en su propósito.
La pregunta que seguramente tiene en mente el apreciado lector de esta columna es ¿a qué le tienen temor las autoridades gubernamentales? La respuesta es fácil, tienen pánico de que les abran investigaciones, acusaciones y procesos judiciales por el empleo de la fuerza, cuando ella genera daños no queridos, afectando la vida o la integridad de los violentistas como de irresponsables espectadores, que se exponen a ser alcanzados por proyectiles de los bandos en beligerancia.
Esos procesos, como lo hemos visto muchas veces, duran una eternidad y a los acusados nadie los defiende. Dicen que para muestra un botón, pues bien van dos: la acción de recuperación de la residencia del embajador de Japón, llamada Chavín de Huántar, su procesamiento judicial duró diecisiete años y el correspondiente a la recuperación del “Frontón” lleva ya 38 años y no concluye. Ya es hora que la Fiscalía y la Judicatura actúen cumpliendo estrictamente con los plazos.
Pero hay más, que explican los temores, como es la teoría de la responsabilidad mediata por simple línea de mando, así no se hubiera ordenado el uso indiscriminado de la fuerza. Por el solo hecho de ser jefes superiores de quienes han actuado en los escenarios de violencia, se les puede sancionar, así no hubieren dado órdenes represivas.
Como vemos no solamente se exhorta a la autoridad civil a ser responsables y no enviar al cadalso a nuestras fuerzas del orden, al disponerse su actividad desarmados, sino también a cierta prensa que le hace el juego a los violentistas y está dale que dale con que sus Derechos Humanos son lesionados. La Policía y las Fuerzas Armadas también tienen Derechos Humanos, no lo olviden.
