Se viene conmemorando el trigésimo aniversario de la aprobación, promulgación y publicación de nuestra vigente Constitución de 1993, conmemoración que se inició con una placa recordatoria colocada en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República, gracias a las gestiones del parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar y del constituyente Juan Hermoza Ríos, así como a la generosidad de quien fuera presidente del Poder Legislativo José Williams Zapata.
Para conmemorar hay que saber de qué se trata, cómo se gestó la Constitución que nos rige, en qué circunstancias se dio, cuál era el espíritu ciudadano de la época, como ha sobrevivido tres décadas, su utilidad y augurar su destino. Por ello va el presente relato.
En las elecciones de 1990 ganó un outsider, el candidato que se creía que solo alcanzaría una senaduría, puesto que postulaba simultáneamente a la Presidencia del Perú como a ocupar una curul en el Senado. Alberto Fujimori le ganó al candidato apreciado como favorito que era el escritor Mario Vargas Llosa, quien perdió gracias a su arrogancia y a las actitudes del mismo calibre de algunos integrantes del “Movimiento Libertad”.
Al candidato ganador se le vio como trabajador, dado sus rasgos ancestrales y, por su imagen laboriosa encima de un tractor, en un país principalmente rural, además de un discursó que caló entre los electores.
Algo después de año y medio de haber iniciado su período quinquenal, el 05 de abril de 1992, Alberto Fujimori asumió el control total del país, mediante un autogolpe, felizmente incruento, anunciando el “DISOLVER, DISOLVER” al Parlamento y reorganizar todas las instituciones públicas.
Acusó al Congreso bicameral de aquella época de corrupción, de no colaborar para resolver los problemas del país y ser un parlamento hostil. A nuestro juicio solo pretextos pues no podía ser corrupto el Congreso cuando quien manejaba los dineros públicos era el Poder Ejecutivo presidido por el propio Fujimori. Por otro lado, el Congreso fue más que colaborador al aprobar presupuesto, cuenta general de la República, viajes, delegación de facultades legislativas, incluso para combatir al terrorismo. En adición, diría que hasta fue amigable tal Congreso pues en el primer año eligió como presidente del Senado al vicepresidente de Fujimori, don Máximo San Román, y al oficialista Víctor Paredes Guerra como presidente de la Cámara de Diputados.
Con sorpresa, el golpe de aquel 5 de abril de 1992 fue mayoritariamente apoyado por la ciudadanía, por encima del 80% según encuestas de la época, quedando la oposición descolocada, sin discurso que atraiga a los electores y, lo peor, sin tribuna para dirigirse al país, pues el Congreso estaba clausurado.
Pese a la presión internacional por el autogolpe, Fujimori pretendía permanecer con el poder absoluto de la Nación y, la oposición pretendía volver al Parlamento. Al ser irreconciliables las posiciones se demandó el concurso de la OEA, siendo aconsejado para ello Fujimori por el ex canciller uruguayo Héctor Gros Espiell.
La OEA agendó para tratar el tema peruano en su Asamblea del 18 de mayo de 1992 en Nassau (Bahamas) a la que concurrió el presidente Fujimori con parte de su gabinete y, representando a la oposición peruana el autor de esta nota acompañado del exparlamentario Pedro Cateriano Bellido. En dicha Asamblea Fujimori incurrió en dos crasos errores, el primero denostar de los políticos, al desconocer que la Asamblea de la OEA está conformada por los cancilleres de los países de la región que, a diferencia del Consejo Permanente, se trata de políticos. El segundo error fue insistir en hacer uso de la palabra en la Asamblea antes que el representante de la oposición, siendo la última versión escuchada por los cancilleres, la de la representación opositora al gobierno fujimorista.
Probablemente Fujimori fue inducido al error al tener como canciller a Augusto Blacker Miller, sin ninguna experiencia ni formación en lides internacionales, lo que nos deja como enseñanza de que hasta para seleccionar ministros hay que poner a las personas adecuadas. Felizmente ello no sucedió con otros ministros y gracias también a la intervención de los ministros de Economía y de Justicia de aquel entonces: Fernando Santa Gadea y Carlos Boloña Behr, se pudieron conciliar posiciones y se aceptó la propuesta del Secretario General de la OEA Joao Baena Soares para que se convocase a un Congreso Constituyente en el Perú, que tendría también facultades legislativas regulares, con lo cual se regresaba a tener Parlamento y que el poder presidencial no fuese omnímodo.
Convocado el Congreso Constituyente, al que se conoció por su sigla CCD, algunas agrupaciones políticas se negaron a participar, aunque otras como el PPC si participaron, más que por motivaciones teóricas y principistas, por una práctica y realista, como era recuperar tribuna frente al país y evitar en lo posible que se aprobase una carta no democrática. El autor de esta nota resultó elegido para formar parte del Congreso Constituyente en representación del PPC.
El CCD tuvo como Comisión principal a la Comisión de Constitución, presidida por Carlos Torres y Torres Lara, que se encargó de elaborar el dictamen que contenía el proyecto de Constitución que con gran mayoría aprobó el pleno del Congreso presidido por Jaime Yoshiyama Tanaka, en conducción inobjetable. Carlos Torres en su tarea buscaba consensos y se hacía asesorar por expertos en la materia, habiendo introducido en el texto novedades como mecanismos de democracia directa, aunque con errores comprensibles de dejar el bicameralismo por un Congreso unicameral, ya que probablemente tenía que mostrar diferencias importantes con la Constitución abolida de 1979. Torres fue el gran artífice del texto constitucional.
En los debates, tanto en la Comisión de Constitución como en el Pleno, destacaron, sin ser los únicos, por ejemplo Enrique Chirinos Soto en temática de estructura del Estado, Luis Bedoya de Vivanco en asuntos municipales, Martha Chávez y Ricardo Marcenaro en temas laborales, César Fernández Arce en Sistema de Justicia, Gloria Helfer Palacios en asuntos magisteriales, Manuel Moreyra en finanzas, Henry Pease en aspectos sociales, Oswaldo Sandoval en temas empresariales, Celso Sotomarino en minería y recursos naturales, Luis Enrique Tord en cultura, Francisco Tudela en temática internacional, y no prosigo para no cansar a los amables lectores.
La Constitución de que tratamos ha sido por lo general altamente satisfactoria, evidentemente no estamos conformes con su integridad, pero como toda obra humana es perfectible y, en sus seis lustros de vida ha tenido diversas modificaciones parciales, algunas francamente ilógicas, como bajo los auspicios de Martin Vizcarra, abolir la reelección parlamentaria inmediata, dejando al Congreso, como si fuese un Colegio pero con solo alumnos y sin profesores.
El capítulo económico de la Constitución ha sido uno de los más notables, pues ha permitido en estos tres decenios que por lo general la inversión crezca, se reduzca la pobreza y aumente la clase media (en términos prepandemia), y exista mayor bienestar. Las reglas económicas, que esperamos sean inamovibles son: iniciativa privada libre dentro de un contexto de Economía Social de Mercado; libertad de trabajo, de empresa, comercio e industria; promoción de la pequeña empresa, pluralismo económico, coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, actividad empresarial pública y privada bajo el mismo tratamiento legal, libre competencia, proscripción de monopolios, libertad contractual, contratos ley, inversión nacional y extranjera bajo las mismas reglas, libre tenencia y disposición de moneda extranjera, defensa del consumidor, entre otros derechos y garantías.
¿Se pueden hacer reformas a la Constitución? Por supuesto que si, pero bajo los términos fijados en su artículo 206, esto es votación con mayoría absoluta del número legal de parlamentarios, ratificada mediante referéndum o sin referéndum de haber sido aprobada en dos legislaturas ordinarias sucesivas, con votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.
Hay voces que insisten en convocar a una Asamblea Constituyente para que apruebe una nueva Constitución, pero ello no está permitido por el artículo constitucional que acabamos de mencionar. La Constitución que nos rige es por lo general una buena Constitución, motivo por el que no hay necesidad de sustituirla por otra, aunque si hacerle modificaciones parciales para mejorarla. Esperemos que eso se entienda y que la actual Carta de 1993, tenga larga vida.
