Las campañas electorales, sea para escoger a los futuros gobernantes a nivel nacional, regional o local, así como a los integrantes del Congreso de la República, deberían ser para exponer principalmente las propuestas, incluso acreditar la probabilidad de ponerlas en práctica y los beneficios que pudiesen tener para la población, sin olvidar por cierto la identificación de los equipos humanos que las realizarían.
Se trataba de confrontar planteamientos o posiciones, lo que es absolutamente legítimo, pudiéndose exponer la inviabilidad de las propuestas del o de los contrincantes e, incluso de llevarlas a la práctica los perjuicios que ello pudiere generar en la ciudadanía.
Eran ideas contra ideas, beneficios contra perjuicios y todo ello de buen talante, sin necesidad de ir a los ataques e insultos personales, denostando y agraviando a los contendores, muchísimas veces con patrañas que injurian, pero que nada construyen.
No es lo mismo la confrontación de ideas con el cruce de vilipendios que, en lugar de construir hacia el futuro, destruyen honras y prestigio, atentando contra el buen nombre (de tenerlo) del oponente.
Penosamente los tiempos en que había la confrontación de ideas, el debate serio y alturado, se han dejado al olvido y, se han sustituid por los insultos y, peor aún, de todo calibre y gravedad, que lejos de generar repudio en las poblaciones, están muy predispuestas a escucharlos y ha hacer de parlantes de ellos, con lo cual la difusión corre como reguero de pólvora.
Se ha llegado en las campañas electorales a hacer lo que se ha llamado el “cuarto de guerra”, en que lejos de estudiar las propuestas del oponente, encontrar sus puntos débiles y poderlas contrarrestar con otras mejores, simplemente se estudia como “destrozar” al adversario, sin límites ni piedad, utilizando para ello sin ningún remordimiento ni cargo de conciencia, el insulto y el infundio, como también las falsas acusaciones.
Lo que exponemos no es de los últimos procesos electorales, ya viene de tiempo atrás, ni tampoco se circunscribe la mala prácticas a algunos países, pues ellas ya tienen connotación internacional y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que se ha convertido en malsana práctica universal.
Para contrarrestar todo lo que hemos descrito, de nada han servido las famosas “veedurías electorales” promovidas por la OEA u otros organismos de nivel internacional, como tampoco han servido los también famosos “Tribunales de Honor”, en que un grupo de notables, nombrados usualmente por la autoridad electoral, para seguir los procesos y llamar al orden a quienes actúen en forma indecorosa, invitan a firmar “pactos de honor” que con el correr de los días fueron tan solo promesas aunque penosas realidades.
Las vigilancias o supervisiones electorales más se han convertido en oportunidades de hacer turismo, más que en una tarea eficiente, ya que adolecen normalmente de quienes puedan verificar las bondades de los sistemas informáticos para el conteo de los votos y definición de los resultados.
En lo que se refiere a los “Tribunales de Honor” han existido ocasiones en que sus integrantes se han visto precisados a dejar el cargo, al darse cuenta que las falencias muchas veces provienen de las propias autoridades electorales que los nombraron.
El panorama es ofrico, pero tenemos que cambiarlo.
