Algunas entidades representativas de los transportistas públicos anunciaron y ejecutaron una paralización de labores, que por la importancia de tal servicio público en la práctica paralizó a la Capital de la República, a la Provincia Constitucional del Callao y a varias otras localidades del país.
La motivación de la paralización se debió al hartazgo ciudadano, entre ellos los transportistas, por el crecimiento de la delincuencia, específicamente las extorsiones y el sicariato, que imponen cupos, que amenazan, agreden y hasta quitan la vida a quienes no se allanan a sus ilícitos requerimientos y, se ha ido hasta incluso secuestros y graves atentados contra la vida e integridad de las personas.
Evidentemente los reclamantes de buena fe tienen toda la razón, pues la situación de inseguridad que vivimos es caótica, incluso con la perpetración de delitos que no eran habituales en el Perú, que han sido traídos sobre todo de Venezuela al haberse permitido la inmigración de venezolanos sin límites y sin corroborar su buen comportamiento.
Sin embargo, una protesta justa y racional, fue enturbiada por algunos al pasarse del ejercicio de un derecho al abuso, como fue el impedir que transportistas que quisieron cumplir con su servicio a la población no lo hicieran y, lo que es aún peor, impedir en algunas zonas la circulación de vehículos, lo que ya constituye delito y debieron ser detenidos en flagrancia los responsables de ello.
Ahora bien, se viene mencionando que habrá más paralizaciones, ya no con señalamiento de días de las mismas, sino con carácter indefinido. A mayor gravedad del tema también se llama a la paralización al resto de actividades que son ajenas al transporte, lo que equivale a una paralización total del país, lo cual evidentemente es un exceso. Ya hubo el llamado de atención a nuestras autoridades para que se pongan las pilas, investiguen y capturen a los delincuentes extorsionadores y asaltantes para ser procesados, por lo que ahora corresponde a las autoridades hacer lo que les compete.
Insistimos, llamar a una paralización total e indefinida, es un despropósito y más que bien hace un daño inconmensurable a la economía del país, de los emprendedores y de toda la población y, peor aún, cuando a la llamada “plataforma de lucha” se le agregan otros objetivos políticos como tratar de tumbarse al Gobierno Central, que guste o no es absolutamente constitucional y debería durar hasta su reemplazo el 28 de julio del 2026, al igual que el actual Congreso, al que muchas veces le exigimos más de lo que puede dar, olvidando el antiguo adagio de que “lo que natura no da, Salamanca no presta” y ello sin duda de que hay algunas valiosas excepciones.
El aprovechamiento de una protesta y paralización legítima, para pasar del ejercicio de un derecho a significativo abuso, no se puede permitir, debiéndose buscar fórmulas convenientes y legítimas, para hacer uso temporal desde el Estado de las unidades de transporte que estén paralizadas, sin la participación de los trabajadores transportistas, pues en todo caso su derecho no es superior, sino inferior al de toda la población que requiere ser transportada. Hay normatividad para ello en la Ley de Movilización N° 31061 y su reglamento el D.S. N° 002-2022-DE
